He visto muchas gestiones pasar, con sus luces y sombras. Pero lo que hoy vivimos en Córdoba no tiene antecedentes. No es una exageración: estamos atravesando una de las etapas más desordenadas, judicializadas y fracasadas que se recuerden. Y lo más alarmante es que ni siquiera han llegado a la mitad de sus mandatos.

Ni Martín Llaryora en la Provincia, ni Daniel Passerini en la ciudad capital, muestran señales de rumbo. Lo que debería ser gestión se transformó en un catálogo de improvisaciones, mientras se multiplican los escándalos judiciales: el caso del Hospital Neonatal, la grave situación en Apross, irregularidades en el Servicio Penitenciario, y otros que están por estallar.

La salud pública, tanto en el ámbito provincial como municipal, no funciona. Las guardias están colapsadas, los turnos se dan a meses de espera, y los profesionales de la salud denuncian precarización. La seguridad también se desmorona: el delito crece, y las soluciones no aparecen.

El transporte público, tanto urbano como interurbano, es otro símbolo del colapso: es el más caro del país, pero no por eso el más eficiente. Los cordobeses pagamos boletos impagables para viajar mal, con servicios deficientes y líneas que desaparecen.

¿Y qué decir de la estructura del Estado? La gestión Llaryora quintuplicó el número de funcionarios desde que asumió. Algunos de ellos ya tienen condenas, otros están procesados. Hoy esa gigantesca maquinaria es insostenible. Quieren vendernos un ajuste que no es más que un simple traslado de personal: cambian los nombres, mueven los cargos, pero el gasto sigue igual o peor.

La verdad es que a Llaryora se le acabó la plata. Ya no puede seguir sosteniendo el aparato político que él mismo construyó, y que le dejó como “herencia” a Passerini. Lo que Schiaretti le bancaba desde la Provincia, hoy no lo puede replicar.

Lo peor no es solo la falta de recursos. Lo más grave es la falta de voluntad para hacer los ajustes estructurales que Córdoba necesita. Lo que estamos viendo no es una política de austeridad, es una teatralización del fracaso. Una puesta en escena para simular que hacen algo, cuando en realidad siguen cargando el peso sobre los hombros de los contribuyentes.

Los impuestazos se suceden uno tras otro. Pero el dinero no aparece. ¿A dónde va todo lo que recaudan? Porque en los barrios la situación empeora, los servicios no llegan, y el empleo formal cae mes a mes. Mientras tanto, la casta política sigue ampliando sus privilegios.

Lo digo con claridad: no les queda otra que reducir la ENORME estructura del Estado que ellos mismos construyeron. Es insostenible. No hay más margen para ajustar sobre la gente. No hay más lugar para el despilfarro.

La ciudadanía está agotada. Y tiene razón. Esta gestión, judicializada, desbordada y sin plan, ya no tiene de dónde sacar más.

Ha llegado la hora de que el poder político se haga cargo. Que paguen los que fallaron. Que respondan ante la Justicia quienes abusaron. Y que dejen de asfixiar a los cordobeses.

Porque, al final del día, lo único que parece unir a esta dirigencia no es la vocación de servicio ni el compromiso con la gente. Lo que los une es el fracaso.