La Legislatura de Córdoba vivió este miércoles un nuevo episodio de lo que, a esta altura, ya se configura como un preocupante patrón de censura y manipulación institucional por parte del oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba. Legisladores de la oposición denunciaron que el bloque mayoritario impidió deliberadamente el tratamiento de cinco proyectos relacionados con el estado actual del APROSS y el incendio ocurrido en su sede, en un intento claro de sepultar cualquier intento de control o transparencia.

El hecho no fue menor. Los proyectos, presentados por distintos espacios del arco opositor, buscaban respuestas concretas sobre el funcionamiento de la obra social provincial, fuertemente cuestionada por sus prácticas administrativas y sus vínculos con estructuras de poder enquistadas desde hace décadas. Pero lo que debía ser una jornada de debate se transformó en un nuevo acto de cerrojo institucional, según afirmaron legisladores del radicalismo y del interbloque de Juntos por el Cambio.

El APROSS: un símbolo del silencio cómplice

Lejos de ser un simple ente prestador de salud, el APROSS se ha convertido en los últimos años en un emblema de la falta de rendición de cuentas en el sistema político cordobés. Las denuncias por irregularidades, contratos opacos, y el incendio reciente —que destruyó información clave— no han sido respondidas con transparencia ni voluntad de esclarecer los hechos.

En ese marco, la negativa del oficialismo a habilitar el debate fue interpretada por la oposición como una maniobra directa de encubrimiento político. En un comunicado emitido por el bloque UCR, expresaron:

“Desconociendo todos los acuerdos logrados en la reunión previa a la sesión, cerraron el debate ante la inminente catarata de oradores que iban a tomar la palabra”.

Desde Juntos por el Cambio fueron aún más duros, al denunciar que el oficialismo violó lo acordado en Labor Parlamentaria, una instancia clave del trabajo legislativo, y “sepultó la posibilidad de tratar un tema que los toca de cerca, como son las mafias vinculadas a este seguro médico”.

La censura como método de gobierno

El escenario pone en evidencia un deterioro profundo del diálogo institucional en Córdoba. Lo que antes eran tensiones políticas normales en un sistema republicano, hoy parecen haberse transformado en una estrategia sistemática de censura y disciplinamiento, aplicada por un oficialismo que ya no reconoce límites.

“La política se trata de acuerdos y de respetarlos. Cuando no se hace, se pierde la confianza del interlocutor. El cordobesismo ha perdido, en absoluto, nuestra confianza y, por sobre todas las cosas, nuestro respeto de aquí en adelante”, expresó un legislador radical tras la sesión.

Estas prácticas autoritarias generan alarma no sólo en los bloques opositores, sino también en diversos sectores sociales que observan con preocupación cómo la Legislatura, espacio por excelencia del debate democrático, se transforma en una escribanía del poder ejecutivo.

Un gobierno que se protege a sí mismo

El incendio en la sede del APROSS, lejos de ser un episodio aislado, parece haber detonado una serie de reflejos defensivos en el oficialismo. La ausencia de explicaciones, el rechazo a los pedidos de informes y el bloqueo al debate legislativo refuerzan la hipótesis de que hay información sensible que se busca ocultar a toda costa.

“El peronismo ya no sabe cómo esconder la corrupción que brota en cada tema que queremos debatir”, afirmaron desde la oposición. Y remarcaron que, luego de 26 años ininterrumpidos en el poder, el PJ cordobés ha adoptado una lógica de autoconservación, más propia de una monarquía absolutista que de una democracia republicana.

El relato oficial y la realidad

Las declaraciones recientes del gobernador Martín Llaryora, quien sostuvo que “en Córdoba se piensa distinto pero se trabaja juntos”, fueron respondidas con ironía y dureza por los bloques opositores.

“Que alguien le avise que sepultan en cada sesión la posibilidad de debatir. No sólo no trabajan juntos, sino que directamente aniquilan el pluralismo y bloquean cualquier control del poder”, replicaron desde JxC.

La frase del gobernador, usada como estandarte del supuesto “modelo cordobés”, contrasta con una práctica concreta en la Legislatura: cerrar los micrófonos cuando se mencionan temas delicados, evitar las exposiciones públicas y blindar políticamente a funcionarios cuestionados.

Final abierto y advertencia política

El conflicto en torno al APROSS marca un punto de inflexión en la vida política provincial. Si bien no es la primera vez que se acusa al oficialismo de abusar de su mayoría legislativa, el contexto actual —con un gobierno nacional que también enfrenta fuertes tensiones institucionales— hace que cada gesto de autoritarismo local adquiera una dimensión mayor.

Desde la oposición advirtieron que no dejarán de insistir. “Hoy tienen el poder, pero lo van a perder. La ciudadanía ya no soporta tanto engaño”, sentenciaron en un mensaje con tono preelectoral.

“Las llamas y la censura no alcanzan. Hoy se les cayó la careta y se vio su peor versión”, concluyeron.

La sociedad cordobesa, cada vez más crítica y atenta, será la que determine si este estilo de gobierno puede seguir sosteniéndose o si, finalmente, los silencios impuestos por decreto encuentran su límite en la voz ciudadana.