En un nuevo capítulo de la investigación por la millonaria estafa contra la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS), el legislador provincial Miguel O. Nicolás (Bloque UCR) exigió públicamente la intervención del fiscal José Bringas en la pesquisa del reciente incendio ocurrido en la sede del organismo.

La solicitud surge en un contexto altamente delicado. El fiscal Bringas ya conduce la investigación principal por la llamada «megaestafa de APROSS«, una causa que involucra a una red conformada por funcionarios provinciales, efectivos policiales, médicos, farmacias y actores del sector privado, quienes habrían operado durante años con total impunidad para defraudar al sistema de salud provincial.

El legislador pidió que el siniestro sea incorporado a la causa madre, bajo el argumento de que puede tratarse de un hecho deliberado destinado a borrar pruebas clave. “Es urgente vincular este hecho con la investigación que se desarrolla desde la Fiscalía”, afirmó Nicolás en un comunicado oficial, donde también reclamó que se precinten los pisos afectados, se secuestren registros fílmicos y se actúe con total independencia del poder político.

“No puede la provincia ser arte y parte en un incendio desarrollado en una repartición oficial”, señaló con dureza el legislador, en alusión a la desconfianza hacia el accionar interno del Ejecutivo provincial.

Incendio en contexto: ¿casualidad o encubrimiento?

El incendio en cuestión se desató en los pisos segundo y tercero de la sede de APROSS, y aún se desconocen oficialmente las causas. Sin embargo, la coincidencia temporal con el avance de la causa por la megaestafa genera fuertes sospechas en la oposición.

El pedido incluye la inmediata designación de un cuerpo de peritos especializados y la recolección de todas las grabaciones disponibles tanto del interior como de los alrededores del edificio, ante la posibilidad de que haya registros del inicio del fuego o del ingreso de personas sospechosas.

Desde el entorno de Nicolás apuntan a posibles maniobras de encubrimiento, en momentos donde la causa penal comenzaba a dar sus primeros pasos firmes, y donde algunos sectores del poder quedarían fuertemente expuestos si la investigación se profundiza.

Una red delictiva en el corazón del sistema de salud

Según trascendidos judiciales, la trama investigada por Bringas abarca irregularidades sistemáticas en reintegros, autorizaciones falsas, sobrefacturaciones y prestaciones inexistentes, en una red que habría operado con complicidad interna y connivencia de sectores políticos.

Se estima que el perjuicio económico a la obra social superaría los 1.000 millones de pesos, aunque el monto real podría ser aún mayor. La falta de controles internos y la desprotección estructural del sistema habrían permitido que, durante años, una organización delictiva se beneficiara del vaciamiento del organismo.

Miguel Nicolás recordó que APROSS “sufre hace varios años de distintos tipos de estafas millonarias” y que los hechos “involucran a profesionales de la salud, policías, funcionarios públicos y actores del sector privado”, lo cual eleva la gravedad institucional del caso.

¿Se protegerán las pruebas o se protegerá a los responsables?

La intervención de la justicia es clave. Por eso, el pedido de Nicolás no solo busca esclarecer el origen del incendio, sino también garantizar que no se pierda ni una sola prueba que permita avanzar con responsabilidades concretas. La mirada está ahora puesta en el accionar del fiscal Bringas y en el rol que jugarán tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Ejecutivo provincial.

En un contexto político cada vez más enrarecido, la ciudadanía cordobesa observa con preocupación cómo el sistema que debería proteger su salud se ve envuelto en uno de los escándalos más graves de las últimas décadas.