El legislador provincial Miguel Nicolás puso el foco en una inquietante coincidencia: el incendio en el edificio de APROSS ocurre en pleno escándalo por estafas millonarias. ¿Accidente o intento de borrar pruebas?

En medio del feriado del 17 de abril, un incendio de grandes proporciones sacudió a la ciudad de Córdoba, afectando al edificio de la obra social provincial APROSS. Las llamas comenzaron alrededor del mediodía en el segundo piso del inmueble, ubicado sobre la Cañada, en pleno centro capitalino, y generaron una espesa columna de humo que se divisó desde varios puntos de la ciudad. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos, pero el incidente deja más preguntas que respuestas.

Cinco dotaciones de Bomberos trabajaron intensamente para controlar el fuego, mientras Defensa Civil y personal policial evacuaban a los vecinos de la zona. “Ingresé al edificio del lado y pude sacar a una persona que estaba recogiendo ropa de su bebé”, relató un integrante de Defensa Civil, confirmando que, gracias a la rápida intervención, no hubo consecuencias personales que lamentar. Sin embargo, el temor y la incertidumbre persisten.

El contexto no puede ser pasado por alto: el edificio siniestrado es epicentro de una de las causas judiciales más delicadas del último tiempo. APROSS está bajo la lupa de la Justicia por una investigación de estafas millonarias que ya dejó como saldo 13 detenidos, entre ellos funcionarios, médicos, policías y ex empleados de la institución.

En este marco, el legislador provincial Miguel Nicolás (UCR) alzó la voz, señalando lo que muchos ciudadanos ya comienzan a preguntarse: ¿fue un accidente o un intento de encubrimiento?

“Llama poderosamente la atención que este incendio se produce justamente ahora, cuando se está investigando una enorme estafa donde hay numerosos involucrados. Habrá que esperar las pericias para saber si fue intencional o no, pero la coincidencia inquieta”, manifestó el legislador.

Nicolás planteó una hipótesis que no puede ser descartada a la ligera: la posible destrucción de pruebas clave en el marco de la investigación. Con tono sereno, pero crítico, pidió que se esclarezcan las causas del siniestro y que se determine qué documentación fue alcanzada por el fuego, qué sectores del edificio se vieron más afectados y si hubo pérdida de material sensible.

Su mirada ha sido celebrada por sectores de la oposición y parte de la sociedad civil que ve con preocupación la reiterada aparición de hechos “accidentales” en contextos judiciales complejos.

Este episodio no solo vuelve a dejar en evidencia las graves falencias en los sistemas de control del Estado provincial, sino que también abre un nuevo interrogante: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar algunos sectores para tapar la verdad?

La investigación sobre el incendio ya está en manos de peritos especializados, y el informe oficial será clave para confirmar o descartar la hipótesis del sabotaje. Mientras tanto, el APROSS arde, y con él, arde también la credibilidad de una parte del sistema de salud pública cordobés.

En un clima social cada vez más demandante de justicia, la ciudadanía merece saber si el incendio fue una casualidad trágica o parte de una estrategia para garantizar la impunidad de los responsables.