Un nuevo capítulo se abre en la investigación por la muerte de Guillermo Bustamante, ocurrida en la madrugada del 24 de marzo en una estación de servicio del barrio Villa Páez. El fiscal del Distrito I Turno 2, Guillermo González, dispuso un giro clave en la causa: modificó la carátula de “homicidio calificado” a “homicidio preterintencional” y ordenó la liberación inmediata de los cinco policías imputados.

La decisión judicial se basó en la incorporación de nuevas pruebas forenses, especialmente los informes elaborados por el Instituto de Medicina Forense. Según el fiscal González, dichos elementos permiten descartar la existencia de dolo directo o eventual por parte de los acusados, es decir, la intención deliberada de causar la muerte de Bustamante.

«Habiéndose incorporado nueva prueba producida por el Instituto de Medicina Forense y en conjunto con el resto de la prueba, se advierte la ausencia del dolo directo o eventual por parte de los imputados. Por lo tanto, se resuelve cambiar la calificación de los hechos, específicamente a homicidio preterintencional», indicó el fiscal.

Una figura penal menos grave

El delito de homicidio preterintencional , tipificado en el artículo 81 inciso b del Código Penal argentino, contempla penas de entre 3 a 6 años de reclusión o de 1 a 3 años de prisión. Se aplica a quienes, con la intención de causar daño físico, terminarán provocando una muerte que no era razonablemente previsible con los medios empleados.

Esta nueva figura reduce notablemente la gravedad de la acusación original, que era homicidio calificado por abuso de función en calidad de coautores , una imputación que puede contemplar penas de prisión perpetua.

Con este cambio de calificación, los cinco policías fueron liberados bajo ciertas condiciones, aunque seguirán vinculados a la causa judicial.

“A la luz de nuevas evidencias y si bien no está agotada la investigación, teniendo en cuenta que las personas imputadas tienen arraigo y carecen de antecedentes penales, y habiéndose modificado los pronósticos punitivos, recuperarán su libertad en el día de la fecha con ciertas condiciones y continúan sujetos al proceso”, explicó González.

Los efectivos involucrados

Entre los policías acusados ​​inicialmente, se encuentran el subinspector Marcos Guzmán Altamirano , el ayudante oficial Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín , quienes enfrentaban cargos como coautores del presunto homicidio calificado.

En tanto, el inspector oficial Walter Perfumo fue imputado por presunto encubrimiento agravado , y el sargento Mariano Córdoba por omisión de los deberes de funcionario público .

La defensa critica el cambio de caratula

Pese al alivio que representa la libertad para los acusados, la abogada defensora Mariana Romano —quien representa a dos de los policías imputados— cuestionó el cambio de figura penal y sostuvo que sus defendidos “ni siquiera tuvieron participación directa en el hecho”.

“Las pericias médicas y forenses han demostrado que no hubo intervención que provoque de forma idónea ni tenga ninguna circunstancia que haya derivado en el desenlace fatal de Bustamante”, afirmó la letrada en declaraciones radiales.

Romano fue más allá y demostró que no correspondía ni siquiera la figura de homicidio preterintencional.

«Si no hubo ninguna actividad de ellos idónea para causar ese desenlace, mal puede haber preterintencionalidad. Porque la preterintencionalidad sí o sí exige una actividad que haya provocado el resultado, aunque no haya sido querido al final».

La abogada pidió directamente el cierre de la causa: “El fiscal tendría hoy sin más establecer su inocencia y dar por terminada esta causa”.

Clima de tensión y familias devastadas

El caso ha generado un fuerte impacto tanto en el ámbito judicial como en la sociedad cordobesa. La muerte de Guillermo Bustamante bajo custodia policial había encendido las alarmas en torno al uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Romano denunció además que sus defendidos han sido objeto de un proceso humillante y perjudicial, a pesar de la presunción de inocencia.

«Acá hay familias arruinadas. Han sufrido múltiples humillaciones. Les han quitado el arma, no pueden recuperar ni su celular. Ya veremos adelante más qué pasa con la reparación».

El caso sigue abierto

Si bien los policías han recuperado su libertad, la investigación continúa. La Fiscalía no ha descartado nuevas y se guarda por más pericias que podrían terminar de esclarecer lo ocurrido aquella madrugada de marzo en Villa Páez. Por ahora, el caso Bustamante sigue sin una versión definitiva y la pregunta sobre lo que pasó en esa estación de servicio permanece abierta.