Las plataformas de transporte como Uber, Cabify y DiDi llegaron a Córdoba para quedarse. Con miles de conductores en actividad, las aplicaciones se convirtieron en una alternativa cotidiana para miles de vecinos que enfrentan un sistema de transporte público colapsado, caro e ineficiente. Ahora, el debate político vuelve a encenderse: ¿cómo regular un fenómeno que ya está instalado?

El colapso del transporte tradicional.

El crecimiento urbano global plantea enormes desafíos para las ciudades. Más del 50% de la población mundial vive hoy en áreas urbanas, y se estima que para 2050 ese número alcanzará al 70%. Córdoba no es ajena a esta tendencia: con una ciudad en expansión, se enfrenta a un sistema de transporte público que no logra estar a la altura.

Colectivos con frecuencias irregulares, unidades obsoletas que se rompen e incluso se incendian, calles en mal estado y obras públicas mal ejecutadas conforman un panorama caótico. A esto se suma el hecho de que Córdoba tiene uno de los boletos más caros del país. Todo esto, en un contexto de emergencia del sistema de transporte decretado por el propio municipio.

La irrupción de las apps de movilidad

En este escenario, las plataformas de transporte como Uber, Cabify y DiDi se expandieron rápidamente, respondiendo a una demanda social insatisfecha. Según datos publicados por la prensa, ya en abril de 2023 Uber contaba con 2.600 conductores activos en la ciudad. En comparación, había 2,300 remises habilitadas y 4,035 taxis. La índica proyección que la balanza entre transporte tradicional y alternativo se equilibrará en los próximos años.

Este crecimiento, sin embargo, se dio al margen de cualquier regulación formal. La falta de un marco jurídico claro ha generado tensiones, especialmente entre los sectores regulados como taxistas y remiseros, que denuncian una competencia desleal.

Un proyecto para regular lo que ya es una realidad

Ante esta situación, el bloque de la Unión Cívica Radical en el Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza para crear un marco regulatorio específico para el Servicio de Transporte Privado de Pasajeros mediante Plataformas Electrónicas (STPA) . La iniciativa busca reconocer formalmente estas nuevas formas de movilidad, estableciendo reglas claras y otorgando seguridad jurídica a usuarios y conductores.

El proyecto incluye la habilitación del uso de plataformas tanto en autos como en motos, y permite que taxis y remises también se sumen a estas aplicaciones. Desde el radicalismo sostienen que este enfoque apunta a garantizar la equidad y eficiencia en un sistema de transporte cada vez más competitivo y diverso.

Críticas al oficialismo y el fallo que apuró el debate

El proyecto también representa una crítica directa al gobierno municipal, encabezado por Daniel Passerini. Desde la oposición acusan al oficialismo de haber bloqueado durante años un debate público sobre la movilidad urbana y de concentrar el poder de decisión en el Ejecutivo.

Sin embargo, un fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba obligó al municipio a tomar cartas en el asunto y avanzar en una regulación. A las apuradas, el oficialismo presentó su propio proyecto legislativo, pero desde el radicalismo lo consideran insuficiente y hasta regresivo.

El principal cuestionamiento es que el proyecto del peronismo intenta equiparar al STPA con el sistema de taxis y remises, imponiéndole restricciones propias del modelo tradicional: limitación en la cantidad de licencias, obligación de plotear los vehículos, tarifas mínimas fijas y topes a la tarifa dinámica. Esto, sostienen, va en contra de la lógica y estructura contractual propia de las plataformas digitales.

¿Es legal el STPA?

Más allá de las discusiones políticas, el tema tiene también una dimensión jurídica relevante. El transporte privado no es ilegal. De hecho, el Código Civil y Comercial de la Nación, en sus artículos 1280 y siguientes, regula el contrato de transporte entre privados, lo que incluye las actividades que desarrollan estas aplicaciones.

Además, en 2020, la Justicia Contencioso Administrativa de Córdoba falló que este tipo de servicios constituye un “servicio privado” y que su falta de regulación no implica su prohibición. La sentencia fue clara: el municipio no puede justificar su omisión regulatoria como fundamento para impedir el funcionamiento de las plataformas.

Un nuevo paradigma para la movilidad urbana

En última instancia, el debate sobre el transporte en Córdoba no puede centrarse solo en defender intereses corporativos ni en sostener estructuras obsoletas. Tal como lo planteaba el sociólogo Robert Park con su concepto de «Derecho Humano a la ciudad», el transporte debe ser accesible, inclusivo, saludable, ambientalmente sustentable y construido con participación ciudadana.

La discusión que se abre con estos proyectos de ordenanza no es menor: se trata de definir cómo queremos movernos en la Córdoba del siglo XXI. Si será con reglas pensadas para el siglo pasado o con un marco moderno, equitativo y abierto a la innovación.