El bloque de la UCR rechaza la adhesión a la emergencia nacional y exige responsabilidades al oficialismo provincial.

La crisis penitenciaria en Córdoba volvió al centro del debate legislativo, esta vez a raíz del proyecto impulsado por el oficialismo para adherir a la emergencia penitenciaria nacional. Sin embargo, lejos de ser una respuesta estructural a una situación crítica, desde el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) acusan al Gobierno provincial de buscar un “blindaje político” que le permita actuar sin controles ni rendición de cuentas, eludiendo su responsabilidad directa en el deterioro del sistema carcelario.

“Esto no es una solución, es una maniobra”, sentenciaron desde la bancada radical, al cuestionar que el proyecto no declara una emergencia real en la provincia, sino que se limita a una adhesión vacía de contenido operativo. “No se supone que el colapso del sistema es producto de 26 años de gestión del mismo signo político”, denunciaron.

Una crisis con números alarmantes

La situación dentro del sistema penitenciario provincial es, según los propios datos oficiales, crítica. La sobrepoblación carcelaria supera el 140%, con más de mil nuevos internos incorporados en apenas tres meses. Además, las principales autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba están hoy procesadas o directamente detenidas, mientras la infraestructura de las cárceles se encuentra al borde del colapso.

En este contexto, la oposición alerta que el Gobierno busca que la Legislatura le otorgue facultades extraordinarias sin presentar diagnósticos técnicos ni estudios presupuestarios. “Pretenden un cheque en blanco para actuar sin límites institucionales”, aseguran desde la UCR.

El texto del proyecto no fue acompañado por autoridades del Ejecutivo ni por una exposición detallada que justificara la urgencia de la medida, lo que fue interpretado como una falta de conducción política y un intento de concentrar poder en manos del oficialismo.

Derechos humanos y opacidad legislativa

Uno de los puntos más controversiales es que Córdoba no cuenta con un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, una herramienta clave para garantizar el respeto a los derechos humanos en contextos de encierro. Sin esta instancia, señalan desde la UCR, cualquier política de emergencia aplicada sin controles puede derivar en abusos institucionales.

“La ley que impulsa el oficialismo no es una herramienta de gestión, sino una habilitación para gobernar sin reglas”, advierten. Y agregan que la forma en que se intenta legislar —sin debate abierto ni análisis técnico— representa un retroceso en materia institucional.

Un penal federal no alcanza

A pesar de las críticas, el bloque radical se comprometió a acompañar el reclamo del Gobierno provincial ante Nación para la construcción de un nuevo penal destinado a presos federales. No obstante, advierten que esta medida paliativa solo resolvería un 1,5% del problema de la superpoblación carcelaria.

«El problema es mucho más profundo. Necesitamos planificación, control y transparencia, no parches ni declaraciones simbólicas», sostuvieron.

En conclusión

El debate por la emergencia penitenciaria en Córdoba desnuda una vez más las tensiones entre oficialismo y oposición, pero también exponen la fragilidad de un sistema penitenciario que viene arrastrando deficiencias estructurales desde hace décadas. La discusión no puede reducirse a una adhesión formal: está en juego el equilibrio institucional, la integridad de los derechos humanos y la eficacia del Estado para gestionar una crisis que, lejos de resolverse, amenaza con agravarse.