En un nuevo capítulo de tensión institucional en la Legislatura provincial, el legislador Miguel Nicolás (UCR) presentó un pedido formal de informes ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, exigiendo claridad sobre los fondos recaudados por la empresa Servicios y Consultoría SA y Cía. de Gestión, Administración y Fiscalización SAUT, conocida anteriormente como Kolektor, encargada del cobro de diversos recursos provinciales, incluidos impuestos y multas de la Policía Caminera. El requisito abarca los últimos cinco períodos fiscales.

La medida de Nicolás se enmarca en un clima de creciente malestar entre sectores de la oposición, que denuncian una política sistemática de censura por parte del gobernador Martín Llaryora. Según afirma el legislador, el oficialismo impide deliberadamente el tratamiento de proyectos y pedidos de informes que no cuenten con el aval directo del Ejecutivo, lo que a su entender representa «un verdadero atentado contra la democracia y la representación parlamentaria».

«El gobernador busca evitar ser controlado, bloqueando el funcionamiento institucional de la Legislatura. Este nivel de obstrucción al rol opositor no tiene precedentes desde la recuperación democrática», denunció Nicolás. Ante la negativa constante de que sus proyectos sean tratados en el recinto, el legislador radical apeló a las facultades que le confiere la Constitución Provincial para acudir directamente al órgano de control externo.

El ex Kolektor, en la mira

El foco de la solicitud está puesto en la gestión de Servicios y Consultoría SA, una empresa privada que tiene a su cargo la recaudación de ingresos públicos estratégicos. La falta de información pública y los escasos controles han generado preocupación en sectores políticos y sociales que cuestionan el grado de opacidad con el que opera esta firma, heredera directa de la polémica Kolektor, que durante años gestionó la cobranza de impuestos en Córdoba con amplias prerrogativas.

«Es imprescindible garantizar transparencia y control. No se puede permitir que recursos que pertenecen a los ciudadanos estén en manos de empresas privadas sin que haya rendición de cuentas claras y accesibles», señaló Nicolás. Y añadió: “Queremos saber cuánto dinero ha recaudado esta empresa en nombre del Estado, en qué condiciones lo ha hecho y cómo se ha distribuido”.

Una avanzada institucional para visibilizar la opacidad.

El pedido al Tribunal de Cuentas apunta a forzar la apertura de datos sobre una de las cajas más importantes de la administración provincial, hasta ahora manejada con escasa supervisión legislativa. La UCR busca, con esta maniobra, visibilizar el uso discrecional del poder que —sostienen— ejerce Llaryora desde que asumió como gobernador.

«Lo que está en juego no es solo la transparencia fiscal, sino el rol que cumple el Poder Legislativo. Si la Legislatura no puede ejercer su función de contralor, estamos ante un grave retroceso institucional», advirtió el legislador.

Con esta ofensiva, Nicolás pone sobre la mesa una de las críticas más persistentes al modelo cordobés de administración pública: la creciente privatización de funciones de clave estatal y la falta de acceso a la información sobre el destino de los fondos públicos.