El caso Bustamante sigue generando conmoción en la provincia de Córdoba, convirtiéndose en un verdadero culebrón institucional que expone tensiones internas entre la Policía, el Ministerio de Seguridad y la Justicia provincial.

Cinco efectivos policiales permanecen detenidos en el complejo penitenciario de Bouwer, tras un operativo ocurrido el pasado lunes 24 de marzo, en el que falleció Bustamante en circunstancias aún no esclarecidas. Inicialmente, desde la Jefatura de Policía se brindó respaldo a los agentes involucrados. Sin embargo, esa postura cambió abruptamente tan solo dos días después.

El giro en el apoyo institucional

El martes 26 de marzo marcó un punto de quiebre. Según fuentes cercanas, el ministro de Seguridad, Juan Quinteros, mantuvo una reunión con la esposa del fallecido Bustamante. Esa reunión habría influido en la decisión política de «soltarle la mano» a los efectivos detenidos. Como consecuencia, los abogados que habían sido puestos a disposición del personal policial fueron apartados del caso por orden de la plana mayor.

Este retiro de respaldo provocó una reacción inmediata en los distritos policiales. El jueves y viernes siguientes, los distritos 1, 2 y 3 se limitaron exclusivamente a tareas de patrullaje, evitando tomar decisiones operativas. Estas funciones fueron asumidas por los oficiales jefes, en una clara muestra de malestar y protesta silenciosa dentro de la fuerza.

Algunas autoridades del Gobierno provincial interpretaron correctamente el mensaje y el viernes se llevó a cabo una reunión en Jefatura con los jefes de distrito, para analizar la situación y las implicancias del conflicto interno.

Tensión entre el Ministerio y la tropa

Ante la creciente manifestación de disconformidad del personal policial, desde Jefatura se habría decidido retomar el apoyo legal y humano a los agentes detenidos, ofreciendo nuevamente acompañamiento a sus familias.

Sin embargo, el ministro Quinteros continuó con su postura distante. Siguió manteniéndose en contacto con la familia de Bustamante y, según trascendidos, también con esposas de los efectivos detenidos. La reunión habría sido tensa. El ministro, según versiones oficiales, no mostró mayor interés y percibió el planteo de las esposas como una advertencia. Incluso se refirió a la vigencia de la Ley Antimotines, dejando entrever que no se tolerarían manifestaciones frente a Jefatura.

En un intento de descomprimir la situación, Quinteros invitó a las familias de los policías a reunirse con el fiscal a cargo de la causa, González.

Un fiscal cuestionado

El fiscal González no es ajeno a la polémica: su nombre ha sido mencionado en relación a la causa por muertes neonatales en el Hospital Materno Neonatal, un escándalo judicial aún en curso. Esto plantea interrogantes sobre su imparcialidad y autoridad moral para llevar adelante la investigación del caso Bustamante.

Mientras tanto, los abogados defensores de los policías aseguran que aún no han podido acceder a los resultados de la autopsia ni del examen toxicológico, lo que genera aún más inquietud. La demora en los procedimientos, sumada a las actuales asambleas del personal judicial, ralentiza todavía más el accionar de una justicia que ya es percibida como ineficiente por gran parte de la ciudadanía.

Una crisis que podría escalar

Las redes sociales están saturadas de críticas a la gestión de la seguridad provincial. La falta de apoyo institucional a los efectivos, sumada a la amenaza latente de la Ley Antimotines, plantea un escenario preocupante: ¿quién se animará a salir a patrullar sabiendo que puede perder no solo su empleo, sino también su libertad?

Se esperan novedades claves en los próximos días. El resultado de la autopsia y los informes forenses podrían definir el destino de los policías detenidos. Lo que está claro es que la situación ha dejado al descubierto una fractura institucional que, si no se atiende con inteligencia política, podría escalar hacia un conflicto mayor.