El Gobierno provincial busca declarar la emergencia carcelaria en Córdoba. La medida, impulsada por el oficialismo, se trataría en una sesión inusual de la Legislatura prevista para el próximo lunes. El diagnóstico es alarmante: superpoblación, violaciones sistemáticas de derechos humanos y el avance del crimen organizado desde dentro de las cárceles.

La situación de las cárceles cordobesas ha llegado a un punto límite. En un contexto de hacinamiento extremo, condiciones inhumanas de detención y reiterados episodios de criminalidad gestada desde el interior del sistema penitenciario, el Gobierno de Córdoba busca avanzar con una declaración formal de emergencia carcelaria.

Según trascendió, el oficialismo pretende que la Legislatura provincial sesione este mismo lunes —día atípico para el cuerpo unicameral— para tratar y aprobar con urgencia un proyecto de ley de apenas seis artículos, pero con alto impacto institucional y político. La norma prevé, entre otros puntos, la adhesión a la emergencia nacional penitenciaria, la eliminación de requisitos de escalafón para cubrir cargos jerárquicos en el Servicio Penitenciario y la autorización al Ministerio de Justicia para actuar ante situaciones extraordinarias.

Un sistema al borde del colapso

El diagnóstico es contundente: las cárceles cordobesas funcionan como auténticos focos de degradación institucional. La superpoblación se ha vuelto insostenible, con internos hacinados en pabellones que triplican su capacidad. A ello se suma la atención de la escasez de alimentos, la falta de atención médica y la ausencia de políticas efectivas de reinserción.

El penal de Bouwer, el más grande de la provincia, volvió a estar en el centro de la escena tras un informe emitido hace dos semanas por El Doce. Allí se reveló el entramado delictivo que opera desde el interior del establecimiento, con organizaciones que continúan ejecutando delitos —extorsiones, robos, estafas— desde los propios pabellones. El informe generó un fuerte impacto en la opinión pública y presionó al Ejecutivo provincial para acelerar las medidas.

Un proyecto urgente, pero insuficiente

El borrador del proyecto, revelado por el periodista Roberto Battaglino en el programa Arriba Córdoba, establece una vigencia de tres años para la emergencia. Además de habilitar medidas excepcionales, se reclama formalmente a la Nación la construcción de una cárcel federal en territorio provincial y la actualización de los aportes del Gobierno nacional para los internos bajo su jurisdicción.

Actualmente, Córdoba alberga a más de 1.500 presos federales en sus establecimientos, sin contar con el respaldo económico adecuado de la administración central, lo que genera una sobrecarga insostenible en el sistema local.

El texto también permitiría alojar conjuntamente a condenados y procesados, una práctica que, aunque cuestionada desde los organismos de derechos humanos, es vista por el Ejecutivo como una medida de emergencia para mitigar el hacinamiento.

¿Soluciones de fondo o parche urgente?

Si bien la declaración de emergencia podría destrabar recursos y habilitar decisiones excepcionales, no resuelve los problemas estructurales que atraviesa el sistema penitenciario cordobés. Organizaciones sociales y de derechos humanos advierten que las cárceles se han convertido en espacios de castigo y violencia, donde la legalidad se diluye y el Estado se ausenta.

Familiares de detenidos denuncian, además, maltratos sistemáticos, condiciones insalubres y la falta de acceso a servicios básicos. «Las cárceles de Córdoba son un microcosmos de la injusticia», resumió días atrás un representante de la Pastoral Carcelaria, que viene advirtiendo sobre la grave situación en el sistema.

La emergencia que el oficialismo busca declarar podría ser el inicio de una solución más amplia, pero también corre el riesgo de convertirse en una herramienta meramente administrativa si no va acompañada de un plan integral de reformas estructurales.

Mientras tanto, el lunes se espera que sé de una sesión clave en la Unicameral, donde el oficialismo buscará aprobar la ley sin dilataciones. Lo que está en juego no es solo la gestión de un problema carcelario, sino la capacidad del Estado provincial para garantizar derechos básicos y seguridad en un sistema que parece haber perdido el control.