En un movimiento de alto impacto institucional y político, el gobernador Martín Llaryora promulgó este martes el decreto que transforma a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en una Sociedad Anónima Unipersonal, lo que implica un profundo cambio en el estatus jurídico de la histórica distribuidora eléctrica estatal. La medida, que tuvo lugar en el Centro Cívico, también disuelve la Agencia de Conectividad de Córdoba, cuyas funciones y capital pasarán a ser absorbidos por la propia EPEC, que ahora también podrá brindar servicios de Internet en todo el territorio provincial.

El cambio no solo busca aggiornar a la empresa al nuevo escenario normativo impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei, sino también posicionarla como un actor competitivo en áreas estratégicas como las telecomunicaciones, la energía fotovoltaica y el financiamiento en los mercados de capitales. No obstante, la iniciativa aumentó alarmas en el gremio de Luz y Fuerza, que teme que se trata de un primer paso hacia una privatización encubierta.

Un nuevo marco para un viejo actor.

Durante el acto, el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, destacó que EPEC “es una empresa sana, sin deudas, con saldos auditados y presentados en tiempo y forma” y que “el cambio de ropaje jurídico” permitirá afrontar nuevos desafíos. Entre ellos, mencionó la capacidad de acceder a financiamiento internacional en condiciones más favorables y la posibilidad de diversificar sus actividades hacia otros rubros como Internet, gracias a la integración con la ahora extinta Agencia de Conectividad.

López también remarcó que la empresa sigue siendo 100% estatal: “Es una sociedad anónima unipersonal con participación exclusiva del Estado. No hay ningún plan de privatización”. En esa línea, comparó el nuevo estatus con el de otras entidades provinciales ya transformadas, como Caminos de las Sierras o el Banco de Córdoba.

El fantasma de la privatización

Sin embargo, el anuncio no tardó en generar rechazo en sectores sindicales. Mientras Llaryora rubricaba el decreto, militantes del gremio Luz y Fuerza protestaban frente al Centro Cívico. El titular del sindicato capitalino, Jorge Molina Herrera, fue tajante: «No hemos acordado nada con la empresa. Luz y Fuerza no está de acuerdo con la transformación en sociedad anónima. Esto abre la puerta a una privatización».

Según Molina, el cambio responde directamente a los lineamientos de la Ley Bases promovida por Javier Milei, que plantea la transformación de empresas públicas para facilitar su eventual desguace o venta. El gremialista recordó que ya en enero se les había anticipado la intención durante una reunión con autoridades de EPEC, en la que también participaron delegaciones de Villa María y Río Cuarto.

A pesar de las explicaciones oficiales, en la sede de EPEC de calle Tablada –donde se concentra gran parte del personal operativo–, la novedad provocó inquietud y desconfianza.

La arquitectura legal que lo hizo posible

La maniobra jurídica se apoya en la ley provincial 11.015, aprobada discretamente en diciembre de 2024. En sus artículos 33 y 34, la normativa habilita a las empresas estatales a transformarse en sociedades anónimas, en concordancia con el artículo 48 del DNU 070/2023 del Ejecutivo nacional. Esta herramienta legal fue clave para que el gobierno de Córdoba avancea sin necesidad de nuevos acuerdos legislativos ni aval sindical.

La estrategia forma parte de un proceso más amplio de «modernización» impulsado por el Ministerio de Economía y Gestión Pública de la provincia, que ya alcanza a otras entidades. Según fuentes oficiales, no adecuarse a las nuevas reglas podría incluso dejar a EPEC sin CUIT y bloquear sus operaciones económicas.

Un cambio estructural, en medio de la tensión política.

El gobierno de Llaryora se esfuerza por diferenciar esta reforma de cualquier intento privatizador, pero lo cierto es que se trata de un cambio profundo. EPEC deja de ser una empresa pública con estatus jurídico tradicional para convertirse en una figura que, en otros contextos, ha servido de antesala a procesos de venta de activos, apertura al capital privado o tercerización de servicios.

El propio ministro de Vinculación y Comunicación, Daniel Pastore, aseguró que “no hay empresas interesadas porque no tenemos interés en privatizar EPEC”, y reiteró que “se trata de una adecuación técnica a la normativa vigente”. A su vez, adelantó que otros entes estatales como Lotería de Córdoba o la Terminal de Ómnibus de Córdoba también serán transformados próximamente.

¿Hacia dónde va EPEC?

La transformación permitirá a EPEC operar en nuevos mercados. Desde la prestación de servicios de Internet hasta la generación de energía renovable, pasando por la búsqueda de capitales en el sistema financiero, el nuevo formato abre un abanico de oportunidades. Pero también deja abierta la puerta a una mayor presión por la eficiencia, cambios en el modelo sindical y eventuales asociaciones estratégicas.

Llaryora se enfrenta así al desafío de liderar una modernización que puede fortalecer al Estado provincial… o dinamitar uno de los bastiones más simbólicos del modelo cordobés de empresa pública. Mientras tanto, los gremios prometen dar pelea para que lo que comienza como una “adecuación legal” no termine como una “privatización de hecho”.