La reciente publicación de la nómina de empleados de la Legislatura de Córdoba, que llegó a la luz pública tras dos meses de insistencia, lejos de despejar dudas, ha profundizado el misterio sobre la cantidad real de sueldos que paga el Poder Legislativo provincial. En el marco del escándalo de los empleados «fantasma» en la Unicameral, el listado difundido ha generado más incertidumbre que respuestas.

Diferencias en los números: ¿cuántos sueldos paga realmente la Legislatura?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por las propias autoridades, la Legislatura de Córdoba cuenta con:

• Una vicegobernadora.
• 70 legisladores.
• 32 funcionarios jerárquicos.
• 389 empleados de planta permanente.
• 287 monotributistas (cuya nómina no fue publicada).
• 1.054 contratados (343 asignados a legisladores y 711 en general).

Esto sumaría un total de 1.839 personas que reciben un sueldo de la Legislatura. Sin embargo, en el portal de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros figuran como aportantes en actividad por parte de la Legislatura 1.718 personas. A este número hay que sumarle legisladores, funcionarios y monotributistas, lo que deja una incógnita considerable: ¿se pagan 1.800 sueldos o más de 2.100?

Aún más preocupante es que, según se ha revelado, hay empleados de la Legislatura que no figuran en ningún listado, lo que pone en duda la transparencia del sistema de contrataciones y pagos en la Unicameral cordobesa.

¿Por qué la lista oficial no es creíble?

La publicación de la nómina se hizo en un contexto de crisis institucional tras la detención de Guillermo Kraisman, acusado de intentar cobrar el sueldo de una empleada fantasma. No obstante, en lugar de traer claridad, la lista difundida ha sumado más sospechas. Algunos elementos que generan dudas son:

• El retraso en la publicación: La lista tardó más de dos meses en ser difundida después del escándalo de Kraisman. Se sospecha que durante este tiempo hubo una depuración de nombres.
• Omisiones admitidas: Algunos legisladores, de manera informal, han reconocido que sacaron nombres antes de hacer público el listado.
• Desapariciones sospechosas: La lista de diciembre, a la que accedió la Justicia en el marco de la investigación por la «ruta del dinero Kraisman», incluía nombres que ahora no aparecen, como el de Virginia Martínez y otros dos contratados.
• Falta de monotributistas: La nómina de monotributistas no fue difundida, lo que deja fuera del escrutinio público a 287 personas que también reciben un pago del Estado.
• Empleados sin registro: Existen personas que actualmente cumplen funciones en la Legislatura y que no figuran en ninguna lista oficial.

Familiares y exfuncionarios en la nómina oficial

Otro aspecto llamativo es la composición de la lista difundida, en la que aparecen numerosos familiares de legisladores y funcionarios, entre ellos:

• La esposa de Oscar González, exlegislador con una larga trayectoria en la política provincial.
• 86 exintendentes que actualmente tienen algún tipo de vinculación laboral con la Legislatura.

La falta de transparencia en la confección y publicación de la nómina, sumada a la presencia de familiares y exfuncionarios en la lista de contratados, refuerza la sospecha de que el Poder Legislativo provincial mantiene un esquema de sueldos opacos, donde los verdaderos beneficiarios no siempre son aquellos que efectivamente trabajan.

Conclusión: una Legislatura bajo sospecha

El escándalo de los empleados fantasma en la Legislatura de Córdoba está lejos de cerrarse. Las diferencias en los números, las omisiones en la lista oficial y la presencia de figuras políticas y familiares en los contratos refuerzan las sospechas de irregularidades. La falta de acceso a la lista de monotributistas y las declaraciones de empleados que admiten no figurar en ningún registro oficial solo alimentan más dudas sobre el verdadero manejo de los fondos públicos en el Poder Legislativo provincial.

Mientras la Justicia avanza en sus investigaciones, la ciudadanía sigue esperando explicaciones claras y, sobre todo, medidas concretas para garantizar transparencia en el uso de los recursos del Estado.