La Municipalidad de Córdoba pone en jaque al Grupo FAM

La polémica en torno a la prestación del servicio de transporte urbano en Córdoba suma un nuevo capítulo. Tras semanas de reclamos y descontento ciudadano por las demoras y la deficiente calidad del servicio, la Municipalidad de Córdoba analiza retirar los corredores 2, 5 y 7 al Grupo FAM debido a reiterados incumplimientos en la cantidad de unidades en circulación, afectando gravemente a los usuarios.

Según datos del sistema de monitoreo, en horarios pico, la empresa llegó a poner en la calle menos de 180 unidades de las 298 necesarias, muy lejos incluso de los 220 servicios considerados “aceptables” por el municipio. La crisis se agudizó con la reciente pérdida de 25 ómnibus alquilados a Ersa, los cuales, paradójicamente, eran “los mejores coches disponibles”, según fuentes del sector.

En medio de este caos, la concejala Fabiana Gutiérrez presentó un pedido de informes que destapa aún más irregularidades. Entre los puntos clave del cuestionario dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal, se solicita conocer los antecedentes del Grupo FAM, el motivo por el cual se adjudicaron los corredores sin licitación pública y los detalles del contrato firmado con la empresa, que permanece en la opacidad.

La concejala también destacó la falta de planificación estratégica en la gestión del transporte público, denunciando contratos onerosos y decisiones que terminan impactando directamente en el bolsillo de los vecinos. La gestión municipal, señaló, se ha caracterizado por parches y falta de rendición de cuentas, lo que evidencia la improvisación con la que se manejan los recursos públicos.

Eduardo Ramírez, subsecretario de Movilidad, admitió las irregularidades y anunció medidas estrictas para corregirlas, incluyendo controles más severos y multas por cada incumplimiento. Sin embargo, el malestar no se limita a la gestión operativa: las declaraciones del presidente del Grupo FAM, Christian D’Alessandro, asegurando que los servicios funcionan cada 10 minutos, fueron desmentidas por el propio Ramírez, quien advirtió que la desinformación solo agrava la indignación de los usuarios.

El funcionario fue categórico al afirmar que el municipio no descarta revocar la concesión de los corredores si la empresa no muestra mejoras inmediatas. «Si FAM no puede operar con tres corredores, se reducirá la cantidad. Y si no cumplen con uno, se buscarán nuevos operadores», declaró.

Como si la falta de unidades y las demoras no eran suficientes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) denunció incumplimientos laborales por parte del Grupo FAM, incluyendo la ausencia de uniformes, condiciones precarias en los predios y falta de constancias de ART. Ante esta situación, la UTA exigió la intervención de la Secretaría de Trabajo y advirtió sobre posibles medidas de fuerza si no se obtiene una solución.

La posibilidad de revocar concesiones plantea un escenario especulativo que podría cambiar por completo el mapa del transporte en Córdoba. Empresas como Coniferal y Sí Bus podrían redistribuirse los corredores, mientras Tamse (ahora Tamsau) mantendría las líneas ecológicas. Sin embargo, cualquier cambio depende de las decisiones que el municipio parece no estar dispuesto a postergar por mucho tiempo.

El estado crítico del transporte público en Córdoba pone en evidencia una gestión deficiente, marcada por decisiones improvisadas y acuerdos poco transparentes. Los vecinos, principales afectados por este caos, ven cómo sus impuestos se diluyen en un sistema que, lejos de mejorar, parece estar diseñado para fracasar.

Con las promesas municipales en el aire y la paciencia de los usuarios al límite, la pregunta es: ¿podrá la gestión de Daniel Passerini revertir este panorama, o será recordada como otra administración que dejó al transporte urbano hundido en la crisis?

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