En medio de un escándalo de corrupción que golpea directamente la credibilidad de la Legislatura provincial, la Unión Cívica Radical (UCR) intensifica sus demandas para que se publique el listado de contratados. Sin embargo, la divulgación de esta lista enfrenta trabajos y negociaciones que plantean interrogantes sobre el nivel de transparencia en las instituciones provinciales.

La exigencia de la UCR, encabezada por su jefe de bloque Matías Gvozdenovich, se formalizó mediante una solicitud a la vicegobernadora Myrian Prunotto. Este reclamo no se presenta en un contexto ordinario: llega en medio de la controversia generada por el caso de la asesora “fantasma” Virginia Martínez, imputada por falso testimonio en el marco de la causa que tiene al dirigente peronista Guillermo Kraisman detenido. La situación expuso una trama de irregularidades administrativas que pone en jaque al oficialismo.

El peso del escándalo y la «lista pulida»

El caso Martínez ha sido un catalizador de tensiones políticas. La UCR y otras bancadas opositoras acusan al oficialismo de haber «pulido» la lista de contratados antes de su eventual publicación, lo que genera sospechas de maniobras para encubrir irregularidades. Las cifras presentadas por la Legislatura en febrero revelan 1.072 contratados, de los cuales casi 400 corresponden a planta permanente. Sin embargo, la oposición denuncia una distribución opaca, señalando que el oficialismo gestiona alrededor de 700 contratos cuyos detalles no han sido esclarecidos.

“Existe el deber moral de publicar de forma inmediata y sin preferencias políticas la totalidad de los agentes con los que cuenta la Legislatura provincial”, afirmó Gvozdenovich. Este reclamo no solo responde a la necesidad de declarar responsabilidades en el escándalo Martínez, sino que también subraya una demanda más amplia por transparencia institucional en el manejo de los recursos públicos.

Por su parte, el oficialismo, representado por Facundo Torres, presidente provisorio de la Legislatura, justifica la demora en las negociaciones con el Sindicato de Empleados Legislativos (SELC), que exige proteger los «datos personalísimos» de los empleados. Esta postura se apoya en un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 2022, que prohíbe divulgar información que permita identificar a los agentes.

La responsabilidad de Prunotto y el malestar opositor

La vicegobernadora Myrian Prunotto se encuentra en el centro de las críticas, tanto por parte de la oposición como de algunos sectores del peronismo. Su reciente licencia, en medio del escándalo, sumada a las imágenes de su viaje a Nueva York difundidas por la prensa, no hizo más que alimentar el malestar generalizado. El regreso de Prunotto al país y su participación en las decisiones sobre la publicación de la lista contratada, que se espera para el martes, será un punto clave para evaluar el compromiso del oficialismo con la transparencia.

Transparencia y credibilidad en el juego.

La reticencia del oficialismo a divulgar la lista completa de contratados ha sido fuertemente cuestionada, especialmente por las bancadas opositoras que, salvo contadas excepciones, ya publicaron sus nóminas. Los reclamos de transparencia se ven agravados por las denuncias de una gestión desigual de los contratos, donde el peronismo asigna categorías más altas a sus asesores mientras la oposición enfrenta restricciones presupuestarias.

A pesar de las promesas oficiales de transparencia, persiste la percepción de que las demoras responden a una estrategia para minimizar el impacto del escándalo. Incluso se especula que el caso Martínez podría no ser el único contrato irregular relacionado con Kraisman. Desde la oposición, se exige que la lista no solo sea publicada, sino que sea sometida a una auditoría independiente que garantice su integridad.

¿Un cambio estructural o un lavado de cara?

El martes será un día crucial para la política provincial. La publicación de la lista, aunque limitada por el marco legal, podría ser un primer paso hacia la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones. Sin embargo, persisten las dudas sobre si se tratará de un ejercicio real de transparencia o de una maniobra para desviar la atención de un sistema plagado de irregularidades.

La ciudadanía, expectante, sigue reclamando un cambio profundo que garantice la integridad de sus representantes y el uso responsable de los recursos públicos. La transparencia no debería ser un favor político, sino una obligación institucional que permita restaurar la confianza en un sistema político que, hoy más que nunca, parece estar en deuda con la sociedad.