La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, enfrenta una decisión crucial que podría repercutir profundamente en el escenario político provincial y nacional. En su ausencia por vacaciones en los Estados Unidos, el escándalo por los contratados en la Legislatura cordobesa no solo no se disipó, sino que cobró mayor fuerza, generando tensión en el oficialismo. Este martes, al reincorporarse a sus funciones, Prunotto tendrá que decidir si hace público el listado de trabajadores temporarios del Parlamento, una decisión que ya divide aguas en el PJ y que promete no pasar desapercibida.

La presión por la transparencia

En los últimos días, la posibilidad de publicar el listado ha cobrado impulso dentro de algunos sectores del peronismo, quienes consideran que no hay margen para seguir ocultando la información. El presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres, expresó su apoyo a la medida, aunque reconoció la fuerte oposición del gremio legislativo. Torres también justificó su postura inicial de no revelar los nombres al calificar la medida como «estigmatizante» para los empleados, quienes podrían ser tildados de «chantas» en el ámbito público. Sin embargo, también dejó entrever que una decisión superior del oficialismo podría imponerse sobre la resistencia sindical.

El gremio, por su parte, se mantiene firme en su negativa a divulgar el listado, argumentando que pone en riesgo a los trabajadores. No obstante, esta postura también despierta sospechas sobre qué intereses está defendiendo realmente.

Los riesgos del silencio

El dilema que enfrenta Prunotto no es menor. Por un lado, continuar ocultando el listado podría erosionar aún más la imagen de transparencia del oficialismo, especialmente en un momento en el que el clima social demanda mayor claridad en la gestión pública. Por el otro, revelar los nombres podría desencadenar un nuevo escándalo al sacar a la luz el trasfondo de las contrataciones temporarias. ¿Qué podría estar ocultando este listado que genera tanto rechazo a su publicación?

Según fuentes internas, es probable que en el listado figuren familiares directos de legisladores y dirigentes, así como militantes que no cumplen funciones reales en el Parlamento. Estos “militantes rentados”, como los describen críticos de la situación, reciben salarios desde la Unicameral para realizar trabajo político en los territorios, lejos de las funciones legislativas que deberían justificar sus contrataciones.

Consecuencias políticas en juego

La decisión de Prunotto también expone una dinámica de tensión interna en el peronismo cordobés. Mientras algunos sectores abogan por la transparencia como una forma de recuperar la confianza pública, otros temen el costo político de exhibir prácticas que podrían ser vistas como corruptas o clientelistas.

Este fin de semana largo no será uno de descanso para el oficialismo. Las reuniones y comunicaciones cruzadas serán constantes, en un intento por consensuar una postura que minimice el impacto político. Pero el tiempo apremia. El martes, la vicegobernadora deberá estampar su firma en una decisión que no solo definirá el rumbo inmediato del gobierno provincial, sino también su legado político.

El clamor ciudadano

En un contexto donde la ciudadanía demanda cada vez más transparencia y rendición de cuentas, el manejo del escándalo de los contratados podría convertirse en un punto de inflexión para el PJ cordobés. La pregunta que muchos se hacen es si el oficialismo está dispuesto a asumir el costo de enfrentar sus propias sombras o si optará por seguir alimentando el malestar social con su silencio.

Cualquiera sea la decisión de Prunotto, el desenlace promete abrir un nuevo capítulo en la política de Córdoba, con implicancias que podrían trascender las fronteras provinciales y reconfigurar el mapa político nacional.