La Legislatura de Córdoba enfrenta un nuevo capítulo en el escándalo de las «empleadas fantasmas» al confirmarse la imputación de Virginia Martínez, vinculada al dirigente peronista Guillermo Kraisman. La noticia, que sacude a la clase política provincial, evidencia prácticas irregulares en la contratación de personal en la Unicameral.

Martínez fue imputada este viernes por el fiscal Franco Mondino por el delito de falso testimonio agravado. Según la investigación, la mujer, quien había sido incluida como empleada de la Legislatura en diciembre, aseguró nunca haber asistido a la sede legislativa. Sin embargo, las pruebas presentadas revelaron que estuvo al menos una vez en el lugar, aunque posteriormente intentó desvincularse del caso. Este giro en su declaración derivó en su imputación.

El caso tomó notoriedad cuando Guillermo Kraisman, un histórico puntero del peronismo provincial, fue sorprendido intentando cobrar el salario correspondiente a Martínez en una sucursal del Banco de Córdoba (Bancor). Kraisman, acompañado por Luciana Castro, una contratada del gobierno provincial, intentó extraer un millón de pesos utilizando el DNI de Martínez. La situación despertó sospechas, llevando a la detención del dirigente y destapando una investigación más amplia sobre la posible existencia de otros «empleados fantasmas» en la Legislatura.

Una red de responsabilidades

La causa también involucra a la madre de Virginia Martínez, quien fue imputada por defraudación a la administración pública agravada. De acuerdo con las investigaciones, la madre habría sido la responsable de negociar directamente con Kraisman para asegurar la contratación irregular de su hija.

Mientras tanto, Luciana Castro, quien acompañó a Kraisman al intento de cobro, también enfrenta consecuencias, ya que fue despedida por la Municipalidad tras conocerse su participación en el hecho.

La situación de Nadia Fernández

Pese a las imputaciones en curso, el fiscal Mondino no ha tomado ninguna decisión sobre la situación de la legisladora Nadia Fernández, quien podría verse involucrada indirectamente en el caso. Su rol en los hechos está bajo observación, aunque hasta el momento no se han presentado cargos en su contra.

Un sistema bajo la lupa

Este escándalo pone nuevamente en el centro del debate la falta de controles y la opacidad en la gestión de los recursos humanos de la Legislatura. La contratación de “empleados fantasmas” no solo representa un abuso de los fondos públicos, sino que también deteriora la confianza ciudadana en las instituciones.

El caso de Virginia Martínez y Guillermo Kraisman podría ser apenas la punta del iceberg de un esquema de corrupción más amplio. Las próximas semanas serán clave para determinar el alcance de la investigación y las posibles responsabilidades de otros actores políticos.

Impacto político y social

La repercusión del escándalo ya se siente en el ámbito político, con sectores de la oposición exigiendo explicaciones y medidas concretas para evitar que situaciones similares se repitan. Mientras tanto, la ciudadanía observa con indignación cómo las estructuras de poder parecen privilegiar intereses particulares por sobre el bienestar colectivo.

Este caso plantea interrogantes sobre la eficacia de los sistemas de control y transparencia en la administración pública provincial. Por ahora, la Justicia tiene la tarea de esclarecer los hechos y garantizar que los responsables rindan cuentas, en un contexto donde la confianza en las instituciones está en juego.