En un nuevo capítulo de la disputa política entre la oposición y el oficialismo en Córdoba, el interbloque Juntos por el Cambio (JxC) impulsa una estrategia para reavivar el debate en torno al aumento de los impuestos inmobiliarios urbanos y rurales, buscando exponer al peronismo y sus aliados por su negativa a reducir la presión fiscal sobre los contribuyentes.

A pesar de que la «reforma mordaza» impulsada por el oficialismo en la Legislatura dificulta cualquier intento opositor de modificar el esquema impositivo vigente, JxC pretende forzar la discusión y exponer al PJ, obligándolo a rechazar en el recinto las iniciativas de reducción tributaria.

Un intento con pocas chances de prosperar

Desde la aprobación de la modificación del reglamento interno, la oposición necesita reunir dos tercios de los votos para avanzar en la sesión de este miércoles con su propuesta de alivio fiscal. Esta exigencia representa un obstáculo casi insalvable, ya que el oficialismo peronista cuenta con una mayoría que le permite bloquear cualquier iniciativa contraria a sus intereses.

No obstante, la movida política de JxC no busca únicamente un resultado legislativo, sino también instalar el debate en la opinión pública. «Vamos a llevarlos al recinto y que los ciudadanos puedan ver quién quiere ayudar a bajar impuestos y quién bloquea esa iniciativa», sostuvo la legisladora radical Alejandra Ferrero. Otro referente opositor agregó: «Serán ellos los que tengan que dar explicaciones de por qué votan en contra de frenar el impuestazo».

El «impuestazo» en el centro de la discusión

Uno de los proyectos clave impulsados por la oposición es la derogación del Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI) correspondiente a la anualidad 2025, factor determinante en los aumentos tributarios. Ferrero insiste en que se elimine el ajuste del CEI para el próximo año y que se utilice el coeficiente de 2024 como base de cálculo.

Por su parte, el oficialismo sostiene que no existe un «impuestazo» y que no está en sus planes reducir la carga tributaria. «Este gobierno nacional está dejando de cumplir con funciones que nos transfiere a las provincias y nos va quitando ingresos», argumentó Ricardo Sosa, presidente de la Comisión de Economía de la Unicameral.

En una reunión de comisión realizada ayer, la discusión quedó estancada en las formas del debate legislativo, dejando en evidencia que las posturas siguen siendo irreconciliables. «La única salida es que la Nación y las provincias se sienten a negociar un esquema impositivo viable», insistió Sosa.

El radicalismo insiste en la transparencia fiscal

En paralelo, el legislador radical Matías Gvozdenovich buscará la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional 27.743 de Transparencia Fiscal al Consumidor, la cual permitiría un mayor control sobre el destino de los fondos públicos. «Nos permitirá conocer a dónde va cada peso que gastamos los cordobeses, brindando mayor transparencia y posibilitando un control real de las arcas públicas», justificó Gvozdenovich.

El radicalismo recuerda que esta iniciativa fue un compromiso de campaña de los entonces candidatos presidenciales Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti en 2023. En este sentido, el sector opositor advierte que el PJ cordobés «no puede rechazar» el proyecto sin exponerse a críticas por falta de transparencia.

Un clima político caldeado

Mientras la oposición busca instalar el debate sobre la presión fiscal, el oficialismo cierra filas y evita ceder ante las presiones. En la sesión de hoy, además del debate sobre impuestos, la Unicameral tratará la prórroga por un año de la Ley 10.003, que impide la subasta de bienes inmuebles pertenecientes a asociaciones civiles, clubes y entidades sin fines de lucro.

El pulso político sigue en alza, con una oposición decidida a capitalizar el malestar social ante los aumentos y un oficialismo que refuerza su discurso de responsabilidad fiscal y gestión provincial frente a la crisis económica nacional. La batalla política en la Legislatura promete nuevos episodios, con una ciudadanía expectante ante el desenlace de la disputa por el «impuestazo».