El escándalo por la contratación de «empleados fantasma» en la Legislatura de Córdoba sigue sumando capítulos y, en los próximos días, el oficialismo intentará ejecutar un «operativo blanqueo» para contener el impacto público. La estrategia consiste en la publicación de una lista de contratados, aunque con evidentes limitaciones y maniobras dilatorias que ponen en duda la transparencia del proceso.

El periodista Roberto Battaglino advirtió en Arriba Córdoba que la lista que se hará pública estará «pulida». Según su análisis, se eliminarán nombres que puedan generar mayor repercusión mediática y escándalo público. En este contexto, la decisión de Myrian Prunotto de publicar una versión depurada de los contratados carece de credibilidad, ya que no se presentará una lista completa y detallada de los últimos meses. «Para ser creíble, tendrían que haberla publicado antes y sin modificaciones», afirmó Battaglino, dejando en evidencia que se trata de una acción destinada a minimizar daños y no a esclarecer los hechos.

Uno de los protagonistas de esta crisis, Facundo Torres, presidente provisorio de la Unicameral, justificó la falta de información completa bajo el argumento de que «es estigmatizante que salga tu nombre» en un contexto donde el escándalo ha salpicado a toda la institución. «Con todo esto que lamentablemente está pasando, la gente piensa que sos un chanta», sostuvo en una entrevista con FM Vibra 106.9 de Alta Gracia. Sin embargo, su justificación no hace más que reforzar la idea de que la Legislatura pretende proteger a ciertos nombres en lugar de esclarecer completamente la situación.

A su vez, Torres aseguró que la información proporcionada hasta ahora sobre la cantidad de empleados, sus categorías y escalafones, y el reglamento interno ha seguido la recomendación de los abogados de la Legislatura. Sin embargo, este argumento deja abierta la duda sobre cuán exhaustiva y veraz es la información entregada hasta el momento.

Otro movimiento clave del oficialismo para reducir el impacto del escándalo será la estrategia de defensa de Nadia Fernández, legisladora del PJ acusada de autorizar la contratación de Virginia Martínez, una de las «empleadas fantasma». Según reveló Battaglino, Fernández intentará declararse «víctima» de la situación, responsabilizando a Guillermo Kraisman, el puntero peronista detenido cuando intentaba cobrar el primer sueldo de Martínez. No obstante, esta versión también presenta serias dudas y parece formar parte de una estrategia de distanciamiento para evitar consecuencias políticas mayores.

El escándalo, que ya ha generado gran indignación pública, suma nuevos elementos a partir de las conversaciones entre Martínez y Kraisman, reveladas en Arriba Córdoba. En estos chats, Martínez menciona reiteradamente a «Patricia», su madre, quien habría sido clave en la gestión fraudulenta de su contratación. La joven dejó en claro su falta de interés en trabajar en la Legislatura y que solo aceptó porque su madre había cerrado el acuerdo. «Arreglá con ella lo que tengas que arreglar y a mí que me dejen de romper las pelotas… recién consigo laburo y no puedo perderlo», fue una de sus frases.

A medida que el escándalo avanza, la estrategia oficialista parece centrarse en una comunicación calculada para minimizar el impacto público y blindar a los involucrados. La falta de transparencia en la publicación de la lista de contratados y las declaraciones justificatorias de los responsables políticos refuerzan la percepción de que la Unicameral intenta «blanquear» la situación sin asumir responsabilidades reales. La sociedad, por su parte, espera respuestas concretas y no estrategias de distracción que perpetúen la opacidad en el manejo de los fondos públicos.