En un nuevo episodio de autoritarismo parlamentario, el oficialismo cordobés avanza sin disímulo sobre las reglas del juego legislativo, utilizando la modificación del reglamento interno como un arma para callar voces disidentes.

El presidente del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, y el legislador Miguel Nicolás denunciaron en una nota enviada a la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura, Myrian Prunotto, exigiendo que los proyectos presentados antes de la reforma se rijan por las reglas bajo las cuales fueron ingresados. De lo contrario, advierten que recurrirán a la Justicia.

Un cambio de reglas para evitar el debate.

La Resolución R4055/24, aprobada recientemente por el oficialismo, impone nuevas reglas en el funcionamiento de la Legislatura. Sin embargo, el problema no es solo el cambio, sino su aplicación retroactiva, que anula iniciativas previamente presentadas por la oposición.

Entre los proyectos afectados están los que proponían aliviar la enorme carga impositiva que el gobierno de Llaryora impuso sobre la ciudadanía. Si estos no pueden ser tratados, el Ejecutivo logrará su cometido: evitar cualquier discusión sobre el ajuste brutal que afecta a los cordobeses.

Esto no es solo una cuestión técnica o administrativa. Se trata de un ataque directo al principio de irretroactividad de las leyes, un pilar del derecho que impide que nuevas normativas se apliquen sobre hechos pasados.

Censura legislativa: un modus operandi peligroso

La maniobra del oficialismo no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante. Durante los últimos meses, el gobierno de Llaryora ha demostrado que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su dominio político, desde la manipulación de normativas hasta la utilización de la estructura estatal para imponer su agenda sin obstáculos.

La UCR advierte que, de no revertir esta situación en un plazo de 24 horas, recurrirá a la Justicia para frenar este atropello institucional. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿qué garantías existen de que la Justicia actúe con independencia cuando el oficialismo ha demostrado su capacidad de avasallar cualquier límite?

El pueblo, rehén de una Legislatura enmudecida

Mientras los legisladores oficialistas blindan su poder con artimañas reglamentarias, la ciudadanía sigue pagando el precio de un modelo que no deja lugar a la disidencia. Córdoba se encuentra atrapada en una maquinaria política que prioriza la obediencia por sobre la pluralidad, y que convierte a la Legislatura en una escribanía del Ejecutivo.

Lo que está en juego no es solo una cuestión administrativa o reglamentaria. Se trata del respeto a los principios democráticos más básicos, esos que garantizan que todas las voces sean escuchadas y que las decisiones no sean impuestas por decreto.

Si esta maniobra se concreta, Córdoba habrá dado un paso más hacia un sistema donde el debate es un espejismo y la oposición, un enemigo a neutralizar. Y si el gobierno provincial sigue avanzando en este camino, solo quedará una pregunta por responder: ¿hasta cuándo lo permitirá la sociedad cordobesa?