La jueza Karina Andrade justificó la liberación de los detenidos tras los incidentes en la marcha de hinchas y jubilados en el Congreso. En su defensa, argumentó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional.

Andrade, quien tuvo a su cargo el control judicial de las detenciones, explicó que las fuerzas de seguridad no proporcionaron información suficiente sobre los motivos de las aprehensiones. «Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos», sostuvo en diálogo con Radio 10.

La liberación de las 114 personas detenidas desató un debate sobre el equilibrio entre seguridad y garantías constitucionales. Mientras el Gobierno acusó a la magistrada de favorecer la impunidad, Andrade defendió su fallo asegurando que respondió a criterios estrictamente jurídicos. «Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución», afirmó.

La jueza citó al constitucionalista Roberto Gargarella, quien considera la protesta como un «derecho baluarte del sistema democrático». Según Andrade, no se cumplieron los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. «No había un control judicial efectivo. Se informó con frases genéricas como ‘misma situación’ o ‘mismo lugar’, sin especificar delitos graves como portación de armas o incendio de bienes públicos», detalló.

Desde el Gobierno nacional y la administración de Jorge Macri se cuestionó su accionar y se amenazó con investigar su conducta ante el Consejo de la Magistratura. Andrade evitó responder directamente, pero advirtió: «Cuando se dicen esas cosas, se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra a los jueces». Además, aclaró que su decisión no impide que el Ministerio Público Fiscal continúe con las investigaciones.

Finalmente, la jueza desestimó cualquier vínculo partidario y aseguró que su única afiliación es sindical. «Pertenecer a asociaciones judiciales no implica militancia partidaria. Mi fallo respondió a principios legales y constitucionales», concluyó.