Desde hace semanas, los cordobeses hemos sido testigos de una fuerte campaña publicitaria impulsada por el Gobierno de Martín Llaryora para promocionar el «Boleto Docente». En cada medio de comunicación, con el dinero de todos, el Ejecutivo provincial insiste en presentar este beneficio como una suerte de complemento salarial para los educadores. Pero hay un problema evidente que el Gobernador parece ignorar, o peor aún, pretende ocultar: la mayoría de los docentes no usan el transporte público porque el sistema no funciona.

El transporte urbano de Córdoba es, en el mejor de los casos, deficiente. Las frecuencias son irregulares, las unidades suelen estar en mal estado, y la inseguridad es una constante que obliga a muchos ciudadanos a buscar alternativas más confiables. En el caso de los docentes, esto se traduce en un riesgo latente: depender del transporte público implica exponerse a llegar tarde a su lugar de trabajo o, en el peor de los escenarios, quedar varados en cualquier punto de la ciudad. ¿La consecuencia? Un descuento salarial por inasistencias o tardanzas injustificadas.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿para qué promocionar un servicio que no es una solución real? La propaganda gubernamental busca instalar la idea de que los docentes reciben un beneficio adicional, cuando en realidad se trata de un recurso poco útil para la mayoría de ellos. No es un aumento de sueldo, no es una mejora en sus condiciones laborales. Es, simplemente, un anuncio sin sustento que intenta maquillar la realidad de un sistema de transporte colapsado y en crisis.

El testimonio de los trabajadores de la educación es claro: no pueden arriesgarse a utilizar el sistema de transporte público porque no les garantiza llegar a horario ni regresar con seguridad. El Estado, en lugar de destinar recursos a publicitar un servicio deficiente, debería enfocarse en soluciones reales, como mejorar la infraestructura del transporte o garantizar condiciones laborales dignas para los docentes.

Llaryora debería preguntarse si realmente cree en la efectividad de esta medida o si simplemente está apostando a la desinformación. Los cordobeses ya no compramos espejitos de colores. Sabemos que lo que necesitamos no es más propaganda, sino políticas públicas serias y efectivas.

La educación y la movilidad son derechos fundamentales. Promocionarlos con fines políticos sin garantizar su calidad es, en el mejor de los casos, una falta de respeto. En el peor, una burla a quienes día a día sostienen la educación en Córdoba pese a las adversidades.