El oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba, con el apoyo clave de sus dos principales aliados, Karina Bruno y Agustín Spaccesi, ha impulsado una reforma en el reglamento interno de la Unicameral que restringe la posibilidad de presentar proyectos sobre tablas. Esta maniobra, denunciada en bloque por la oposición, fue calificada como un intento deliberado de censura para bloquear el debate de iniciativas que incomoden al gobierno provincial.

El cambio aprobado establece que, a partir de ahora, los proyectos sobre tablas solo podrán ser tratados si cuentan con el respaldo de una mayoría especial de dos tercios. Hasta la modificación de este miércoles, existía la garantía de que, si un proyecto no era tratado en 45 días en comisión, podía ser habilitado en el recinto con mayoría simple. Con la reforma, esta condición ha sido eliminada, otorgando al oficialismo un control absoluto sobre los temas que llegan a ser debatidos.

El jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, denunció que la jugada responde a la intención de frenar el tratamiento del «impuestazo», un proyecto opositor que buscaba limitar los aumentos desproporcionados del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural. «Los que votan el cambio en el reglamento no quieren que se suspendan los incrementos abusivos. El peronismo hizo esta jugada cuando advirtió que estábamos cerca de lograr los votos para frenar el impuestazo», aseguró De Loredo.

El bloque oficialista impuso la modificación con los votos de sus 33 legisladores y el respaldo de Bruno y Spaccesi, quien paradójicamente había promovido la reforma anterior que ahora fue revocada. Esta alianza fue clave para que la vicegobernadora Myrian Prunotto desempate a favor del oficialismo y haga efectiva la modificación.

Un legislativo reducido a escribanía

La reforma no se limita al tratamiento sobre tablas. También incluye otros cambios que restringen la participación de la oposición. A partir de ahora, el uso de la palabra en el recinto, las reconsideraciones y la frecuencia de las sesiones serán decididas por el oficialismo sin obligatoriedad alguna. En práctica, esto consolida un esquema en el que la Unicameral deja de ser un ámbito de discusión plural y se transforma en una escribanía del Ejecutivo.

«El oficialismo de Córdoba presentó hoy, de manera sorpresiva, una propuesta para modificar el reglamento interno con el claro objetivo de silenciar a la oposición y limitar su margen de acción. A través de una maniobra reglamentaria, intentan cercenar el debate parlamentario y transformar al Poder Legislativo en un simple ministerio del Ejecutivo, decidiendo quiénes, cuándo y cuánto pueden hablar», denunció la UCR en un comunicado.

La oposición se opuso en bloque a los cambios, incluyendo al radical Miguel Nicolás, quien había presentado un proyecto para modificar el reglamento, pero que fue desvirtuado por el oficialismo con agregados no consensuados.

La estrategia de blindaje del peronismo

El contexto político actual explica en parte la urgencia del oficialismo por modificar las reglas de juego. Con una oposición fortalecida y el descontento social creciente ante el aumento de impuestos y tarifas, el peronismo cordobés busca evitar cualquier instancia de debate que pueda exponer sus inconsistencias.

La modificación reglamentaria se suma a una serie de decisiones que consolidan el control absoluto del oficialismo sobre los resortes institucionales de la provincia. La falta de equilibrio de poder es cada vez más evidente, y la oposición advierte que estas medidas ponen en riesgo la calidad democrática del Legislativo cordobés.

«Se han quedado sin argumentos y por eso recurren a la censura. Temen el debate porque saben que los cordobeses no están de acuerdo con sus medidas. Esta es una jugada desesperada para evitar que discutamos lo que realmente importa a la gente», concluyó De Loredo.

La Unicameral de Córdoba, con estas modificaciones, deja en claro que el oficialismo no está dispuesto a tolerar cuestionamientos ni a someterse a una verdadera discusión democrática. Mientras tanto, la oposición se enfrenta al desafío de sortear las nuevas barreras impuestas y encontrar vías alternativas para llevar sus reclamos al recinto y a la ciudadanía. Lo que está en juego no es solo un reglamento interno, sino el equilibrio de poder en la provincia.