En Córdoba, la seguridad se desmorona y el miedo crece entre los ciudadanos. Los hechos de violencia e inseguridad se multiplican a diario, y el gobierno provincial parece ausente. Mientras los cordobeses se atrincheran en sus hogares, víctimas de una ola de delincuencia sin precedentes, el gobernador Martín Llaryora elige el silencio. Ni una palabra, ni un gesto, ni una muestra de empatía ante la creciente angustia de una población que ya no sabe a quién recurrir.

El caso de Lian, el niño desaparecido que mantiene en vilo a la provincia y al país entero, es una prueba contundente de esta inacción. Desde hace más de una semana, su paradero es una incógnita, y el Estado provincial parece haber renunciado a su obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No se ha visto al gobernador liderando operativos, no ha convocado conferencias de prensa para informar avances ni ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la comunidad. Su ausencia en el tema más sensible del momento es, como mínimo, alarmante.
Córdoba atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Los hechos delictivos se han vuelto moneda corriente y, en lugar de respuestas concretas, la sociedad solo recibe el mutismo del poder. ¿Por qué Llaryora no habla? ¿Por qué el máximo responsable de la seguridad en la provincia no da explicaciones? ¿Es acaso indiferencia, incapacidad o simplemente falta de liderazgo?
El Ministro de Seguridad tampoco da señales de un plan claro. La improvisación y la falta de políticas eficientes están dejando a los ciudadanos a la deriva, expuestos a una criminalidad que se siente impune. La ausencia de una estrategia integral, de medidas concretas y de decisiones firmes agrava un problema que ya se ha cobrado demasiadas víctimas.
Mientras la inseguridad crece, la falta de comunicación del gobernador solo suma incertidumbre y desesperación. Un líder que no enfrenta la crisis de seguridad no solo demuestra falta de compromiso, sino que traiciona la confianza de quienes depositaron en él la responsabilidad de gobernar. Córdoba no puede seguir viviendo en el miedo. Es hora de que Llaryora dé la cara, que hable, que explique y, sobre todo, que actúe. La ciudadanía ya no tolera más excusas ni silencios cómplices. Basta de improvisaciones: la seguridad no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda de quienes deben protegernos.

