El diputado nacional Rodrigo de Loredo encabezó la presentación de un amparo judicial contra el incremento del Impuesto Inmobiliario aplicado por el Gobierno de Córdoba. La acción se formalizó en la Cámara en lo Contencioso Administrativo y busca impugnar el alza impositiva que, en algunos casos, superó ampliamente el 172,5% fijado como límite.

Un caso testigo con aumentos desproporcionados

El caso que sustenta la presentación judicial es el de un inmueble ubicado en el centro de Córdoba, cuya obligación tributaria pasó de una cuota única de $79.540 en 2024 a $885.880 en 2025. La acción fue presentada por una vecina afectada, pero se pretende que tenga alcance colectivo debido a la gran cantidad de contribuyentes que enfrentan aumentos similares.

Los abogados Marcelo Gordillo, Emilio Bruscke y Juan Villa, representantes legales de la demandante, argumentaron que el aumento resulta inconstitucional y arbitrario, ya que el Coeficiente de Equidad Impositiva (CEI), utilizado para calcular los valores, carece de transparencia y delega en el Ejecutivo facultades que corresponden al Poder Legislativo.

Acompañamiento de la UCR y críticas al Gobierno

La presentación judicial fue respaldada por dirigentes de la Unión Cívica Radical, incluyendo a Matías Gvozdenovich, presidente del bloque radical en la Legislatura, y Alejandra Ferrero, titular del interbloque de Juntos por el Cambio. Pese al respaldo político, remarcaron que la demanda es impulsada por una contribuyente particular.

De Loredo calificó el aumento del Inmobiliario como «confiscatorio y arbitrario», sosteniendo que es «el impuestazo más alevoso de la historia de Córdoba». También cuestionó la aplicación del indicador Ripte, que mide el incremento promedio de los salarios del sector privado, afirmando que el Gobierno no respetó el tope del 172,5% que debía regir como máximo.

Postura del Gobierno y el debate sobre la equidad fiscal

Desde el Gobierno provincial se defendió la eliminación de la exención que beneficiaba a inmuebles de alto valor, asegurando que la medida afecta solo al 1% de las cuentas en toda la provincia. Según las autoridades, esta decisión busca una mayor equidad en la distribución de la carga tributaria.

Sin embargo, la acción judicial argumenta que la suba vulnera el principio de legalidad tributaria establecido en la Constitución Provincial y Nacional. Además, cuestiona la metodología aplicada por el Gobierno para definir los incrementos y denuncia la falta de claridad en los criterios utilizados.

Expectativa y próximos pasos

El amparo se encuentra ahora en etapa de sorteo para determinar cuál de las tres cámaras contenciosas administrativas intervendrá en el caso. La oposición anticipó que continuará con la vía judicial hasta lograr una revisión del esquema impositivo vigente.

Mientras tanto, el debate sobre la carga fiscal y la equidad tributaria sigue ganando relevancia en la agenda política de Córdoba, con un impacto directo sobre miles de contribuyentes que ven afectadas sus economías por los aumentos en el impuesto.