La concejala Fabiana Gutiérrez, con el respaldo de su bloque, presentó hoy un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal para esclarecer las circunstancias del incendio que se produjo en una pensión clandestina del barrio San Martín. La tragedia, que dejó un saldo de dos fallecidos y múltiples heridos por asfixia, ha generado serios cuestionamientos respecto al control municipal de este tipo de establecimientos.

Hacinamiento y precariedad: la trampa mortal

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado en calle Tomás Guido al 746, donde las condiciones de hacinamiento extremo, las habitaciones precarias y un sistema eléctrico clandestino se convirtieron en el lugar en una trampa mortal para sus ocupantes. Este hecho trágico ha puesto en la mira la falta de inspecciones y la posible inacción del Estado en la detección y clausura de estos alojamientos ilegales.

Pedido de informes: ¿qué se investiga?

El proyecto presentado en el Concejo busca determinar qué controles lleva adelante la Municipalidad de Córdoba en materia de hospedaje informal y pensiones clandestinos. En el pedido de informes, se exige que el Ente Municipal de Fiscalización y Control responda en un plazo de 30 días sobre diversos puntos clave:

• Si el Municipio realiza inspecciones constantes en hoteles, hostales, pensiones y otros alojamientos.
• Si existe un sistema de denuncias anónimas o personales para reportar establecimientos no habilitados o con falencias en sus servicios.
• Si el propietario de la pensión siniestrada había iniciado algún trámite de habilitación y, en caso afirmativo, en qué estado se encuentra.
• Si la Municipalidad lleva un registro formal de alojamientos dentro de la ciudad.

Responsabilidad estatal y urgencia de medidas

Los concejales firmantes del proyecto enfatizaron la necesidad de que el Municipio refuerce su rol de contralor, ya que una omisión o negligencia en la fiscalización puede derivar en tragedias evitables, como la ocurrida en esta pensión. «El control debe ejercerse de manera eficiente y eficaz, porque la falta de regulación adecuada puede costar vidas», señala el documento presentado.

El incendio ha reavivado el debate sobre la crisis habitacional en Córdoba, donde la escasez de viviendas formales empuja a cientos de personas a vivir en condiciones indignas y peligrosas. Mientras se esperan respuestas oficiales, la comunidad sigue exigiendo justicia por las víctimas y concretas para evitar que esta tragedia se repita.