La controversia por el aumento del impuesto inmobiliario en la provincia de Córdoba suma un nuevo capítulo en la disputa entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el oficialismo peronista. El núcleo duro del diputado nacional Rodrigo de Loredo, junto a sus principales espadas legislativas, se prepara para llevar la pelea a la justicia, ante la falta de respuesta del gobierno provincial sobre la fórmula utilizada para calcular el coeficiente CEI 2025.

Camino a los Tribunales

Sin mayores expectativas de que la Secretaría de Ingresos Públicos revele los detalles de la fórmula que impactó en los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural, el deloredismo ha presentado un pedido de acceso a la información pública. La solicitud, encabezada por De Loredo y respaldada por los legisladores Alejandra Ferrero y Matías Gvozdenovich, exige conocer los factores utilizados en la elaboración del coeficiente de equidad inmobiliaria.

El documento presentado ante el organismo a cargo de Gerardo Pintucci consta de 18 puntos en los que se exige la documentación que respalde la metodología de cálculo utilizada para fijar los aumentos impositivos de este año. La oposición radical sostiene que la falta de transparencia en la determinación del CEI 2025 ha derivado en aumentos «confiscatorios» que afectan tanto a propietarios urbanos como rurales.

Ante la posibilidad de que la respuesta oficial sea ambigua o insuficiente, los legisladores radicales ya han anticipado que acudirán a la justicia contenciosa administrativa con un amparo colectivo. “Necesitamos urgente que la justicia se exprese y dé una respuesta. La misma que el gobierno no está queriendo dar”, enfatizó Ferrero.

Un aumento bajo la lupa

El Coeficiente de Equidad Inmobiliaria (CEI) fue introducido en el Código Tributario Provincial mediante la ley 10.725 en 2020, con el objetivo de equilibrar la carga impositiva entre contribuyentes. No obstante, la oposición denuncia que la aplicación de este coeficiente para 2025 ha generado incrementos exorbitantes en el impuesto inmobiliario, superando ampliamente los valores inflacionarios.

Según De Loredo, mientras la inflación proyectada para 2025 se ubica en un 24%, el gobierno provincial aplicó un incremento del 172,5% en el impuesto inmobiliario, lo que calificó como «una brutalidad impositiva, confiscatoria e ilegal». Asegura que, en la práctica, los aumentos reflejados en los cedulones superan ampliamente ese porcentaje, llegando incluso hasta el 1.000% en algunos casos.

Las protestas por el incremento impositivo no se han hecho esperar. Sectores productivos del agro manifestaron su descontento en distintas asambleas, como la realizada en la Sociedad Rural de Río Cuarto y la de Marcos Juárez, donde exigieron que el cálculo del impuesto se base en la inflación del 2024 y no la supere.

Resistencia oficialista y el debate político

Desde el oficialismo provincial, el peronismo ha minimizado las denuncias opositoras y sostiene que el incremento impositivo afecta solo a un 1% de los contribuyentes, asegurando que el ajuste se encuentra dentro de parámetros razonables. Miguel Siciliano, referente del PJ, instó a debatir un nuevo esquema de coparticipación tributaria con la Nación y acusó a la oposición de hacer «politiquería» con el tema.

Mientras el gobierno provincial se mantiene en silencio respecto a la fórmula del CEI 2025, la UCR insiste en que el ajuste debe anularse y retrotraerse a los valores de 2024. De no recibir respuesta en un plazo máximo de 10 días, el deloredismo avanzará con su ofensiva judicial, que podría incluir una acción directa ante el Tribunal Superior de Justicia.

Con la batalla judicial en marcha y el malestar ciudadano en ascenso, el conflicto por el «impuestazo» se posiciona como un eje central en la disputa política cordobesa, con consecuencias que podrían trascender lo impositivo y marcar el pulso de la agenda electoral en la provincia.