El exlegislador cordobés Oscar González fue detenido en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Justicia dispuso que cumpla la detención en su domicilio, con monitoreo mediante tobillera electrónica, debido a su edad avanzada de 77 años. La medida fue tomada por el juez Ricardo Bustos Fierro a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedian. La defensa de González, encabezada por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, anunció que apelará la decisión.

Denuncia y antecedentes del caso

La investigación contra González se originó a partir de una denuncia penal presentada por la legisladora Luciana Echevarría, quien lo acusó de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada y lavado de activos. Según la presentación de Echevarría, el patrimonio del exlegislador incluye bienes e inmuebles que no se condicen con sus ingresos declarados, y que fueron transferidos a sus hijos tras un trágico siniestro vial ocurrido en 2022.

El accidente en cuestión tuvo lugar el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, cuando González colisionó con un vehículo conducido por la docente Alejandra Bengoa, quien falleció en el acto. En el auto de la víctima viajaban dos adolescentes, una de las cuales quedó parapléjica debido a las heridas sufridas.

El siniestro involucró un BMW de alta gama que estaba destinado exclusivamente a funciones legislativas, pero que González utilizaba para fines personales. Además, se descubrió que conducía con una licencia otorgada por el municipio de Las Tapias, a pesar de no tener domicilio en esa localidad. Este hecho derivó en una investigación por malversación de bienes públicos y homicidio culposo agravado.

Descargo de la defensa

El abogado Miguel Ortiz Pellegrini cuestionó la detención de su defendido y aseguró que se enteró de la medida «por la prensa». Según el letrado, en dos oportunidades presentó documentación ante el fiscal de Estado de la Provincia en respuesta a las intimaciones recibidas. «Como tuve dudas de que esta respuesta pudiera omitirse, fui directamente al juez Vaca Narvaja en noviembre y diciembre y presenté copias de mis respuestas», sostuvo.

Ortiz Pellegrini también señaló que «hay un error» administrativo, ya que la causa involucra a la Fiscalía Federal N°2, mientras que el pedido de detención provino de la Fiscalía Federal N°3. «Posiblemente, hay un error administrativo de los empleados que no le han informado debidamente al fiscal», agregó.

Próximos pasos

Mientras la defensa prepara la apelación, la Justicia continuará con la investigación del patrimonio de González y su posible relación con maniobras de lavado de activos y evasión fiscal. Además, el exlegislador deberá responder por la causa del siniestro vial, en la que está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. La situación de González genera un fuerte impacto en el ámbito político de Córdoba, donde su figura ha sido históricamente influyente dentro del oficialismo provincial.