Llaryora y la transformación de la Lotería de Córdoba: una decisión bajo sospecha

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha decidido dar un giro inesperado en la administración de la Lotería de Córdoba, convirtiéndola en una Sociedad Anónima sin ningún tipo de control estatal. La medida, oficializada en el Boletín Oficial del 6 de febrero, ha generado un fuerte rechazo desde el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes habían denunciado previamente una licitación sospechosa vinculada a la entidad.

La oposición ha calificado la acción del gobierno provincial como un «golpe de timón» que busca evitar cualquier tipo de investigación sobre el manejo de los fondos de la Lotería. Según los legisladores radicales, la decisión de transformar la Lotería en una Sociedad Anónima responde a la necesidad del gobierno de blindar la institución frente a posibles controles y auditorías.

El presidente del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, aseguró que esta transformación «garantiza un manejo discrecional de millones de dólares sin ningún tipo de contralor» y denunció que la iniciativa pudo haber surgido tras gestiones realizadas en la provincia de Mendoza, donde funcionarios de Llaryora, entre ellos Urreta y Montoya, habrían explorado acuerdos previos. «El apuro por hacer de la Lotería una S.A. sin ningún tipo de control es altamente sospechoso», afirmó el legislador.

La incertidumbre también rodea la continuidad de la licitación que originalmente había despertado sospechas dentro de la oposición. Si bien no hay certeza sobre si esta seguirá en curso, desde la UCR aseguran que continuarán denunciando cualquier maniobra irregular que atente contra la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

El tema ha generado un intenso debate en el ámbito político provincial y ha reavivado las críticas sobre la falta de transparencia en el manejo de los fondos estatales. Mientras tanto, se espera que la Justicia intervenga y determine la legalidad de la medida adoptada por el Gobierno de Córdoba. Según los legisladores radicales, la última palabra estará en manos del Poder Judicial.

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