La Policía Caminera de Córdoba se ha convertido en un símbolo de recaudación masiva bajo el argumento de mejorar la seguridad vial. Sin embargo, detrás de cada acta de infracción hay un negocio multimillonario que beneficia a un selecto grupo de empresarios privados, dejando a los cordobeses expuestos a un sistema confiscatorio y abusivo.

El cobro de las multas de tránsito no es administrado exclusivamente por el Estado, sino que ha sido tercerizado a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por SYC (Servicios y Consultoría SA) y CGAF (Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA). Estas empresas se quedan con el 8,5% de cada multa emitida, incluso aquellas que se pagan voluntariamente. Además, lucran con millonarios honorarios derivados de litigios por cobro compulsivo de estas sanciones. ¿Quién está realmente detrás de este negocio y cómo lograron monopolizar la gestión de la recaudación?

Un negocio garantizado por el Estado

En cualquier sector, mantener un contrato con el Estado durante años es una rareza, salvo en casos donde la conveniencia política pesa más que la eficiencia. La UTE a cargo de las multas ha logrado consolidarse como un actor clave en la recaudación provincial, obteniendo sumas descomunales sin que se realicen procesos licitatorios transparentes ni auditorías que expliquen cómo y por qué se mantiene este sistema a costa de los cordobeses.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien en el pasado denunciaba este tipo de concesiones como focos de corrupción, hoy ha puesto 1.100 policías a trabajar indirectamente para estas empresas. En lugar de abocarse a garantizar un tránsito más seguro y reducir los accidentes, el Estado se ha convertido en el principal aliado de una estructura recaudatoria, obligando a los efectivos policiales a generar ingresos en lugar de prevenir siniestros.

Mientras tanto, los accidentes de tránsito siguen en aumento, lo que demuestra que la política de multas no ha logrado reducir el peligro en las rutas. ¿Dónde está entonces el beneficio para la seguridad vial si las cifras de siniestros siguen en ascenso?

Montos exorbitantes e impagables

El último ajuste en las multas ha elevado sus valores a niveles nunca antes vistos en la provincia. Algunas sanciones ya alcanzan los 145 millones de pesos, una cifra totalmente desproporcionada y que supera ampliamente cualquier lógica sancionatoria. Este sistema no busca educar ni corregir conductas, sino recaudar a cualquier costo.

Desde la UCR, hemos presentado el Proyecto de Ley 39197/L/24, con el objetivo de anular este modelo de cobro abusivo y reemplazarlo por un sistema de educación vial sin fines recaudatorios. No se trata de eliminar las sanciones, sino de transformar el enfoque, poniendo el foco en la concientización y no en la generación de ingresos a través de multas impagables.

Una multa millonaria no convierte a un conductor en mejor ciudadano, pero sí empobrece a miles de cordobeses que hoy no pueden afrontar el pago de estos montos desmedidos. Córdoba necesita una política vial seria, no un sistema que castiga con afán recaudatorio y beneficia a empresarios vinculados con el poder.

La pregunta es clara: ¿seguiremos permitiendo que el Estado use la seguridad vial como excusa para seguir vaciando los bolsillos de los cordobeses?