Los vecinos de Córdoba se enfrentan este año a un aumento histórico en el impuesto inmobiliario urbano, con incrementos que en algunos casos superan el 500%, una cifra desproporcionada que asfixia aún más a los ciudadanos de la provincia. Este aumento, que se suma a las ya elevadas tarifas y tributos provinciales, marca un nuevo récord en la presión fiscal ejercida por el gobierno provincial.
Una presión fiscal sin precedentes
El gobernador Martín Llaryora, lejos de atender el llamado del Gobierno Nacional a reducir la carga tributaria, ha optado por ir en dirección contraria. Mientras otras provincias exploran formas de aliviar la presión fiscal, Córdoba sigue aplicando incrementos exorbitantes en impuestos y tarifas, una estrategia que resulta insostenible para miles de familias cordobesas.
Por más de 25 años, el peronismo en Córdoba ha gobernado con una impunidad alarmante, imponiendo tasas que no solo afectan los ingresos de los ciudadanos, sino que también limitan su capacidad de desarrollo económico. Este último incremento en el impuesto inmobiliario urbano es solo un ejemplo de la pesada carga que los cordobeses deben soportar.
Un ejemplo de la realidad cordobesa
En la Legislatura Provincial, se resistió de manera enérgica durante el tratamiento de las leyes impositivas. Desde un principio, se alertó sobre la aplicación de índices desproporcionados que afectarían gravemente a los ciudadanos. Sin embargo, las advertencias no fueron suficientes para detener una política fiscal que parece no tener límites.
La situación actual muestra cómo el gobierno provincial, lejos de buscar soluciones que beneficien a la población, continúa implementando medidas que dificultan aún más la vida de los cordobeses. Las tasas impuestas no solo son usureras, sino que están diseñadas para sostener un modelo de gestión que prioriza el ingreso a las arcas provinciales sobre el bienestar de la población.
El impacto en los cordobeses
Estos aumentos no son cifras aisladas; detrás de cada porcentaje hay familias que luchan día a día por llegar a fin de mes. Los incrementos desmedidos en el impuesto inmobiliario urbano y otros tributos dejan a los vecinos en una situación de vulnerabilidad creciente, obligándolos a destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de impuestos, en detrimento de otras necesidades básicas.
¿El gobernador más usurero de la historia?
Con cada medida fiscal que toma, el gobernador Martín Llaryora refuerza la percepción de estar enfocado en quedar en la historia como uno de los mandatarios más usureros que ha tenido Córdoba. Los incrementos impositivos, lejos de ser una solución estructural, solo profundizan el malestar social y económico en la provincia.
El camino que se está transitando no solo afecta a la economía de las familias, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y gobernantes. Córdoba necesita urgentemente un cambio de enfoque en sus políticas fiscales, priorizando el alivio de la carga tributaria y el bienestar colectivo sobre los intereses recaudatorios.
Un llamado a la reflexión
Es momento de que las autoridades provinciales escuchen el clamor de los cordobeses y detengan esta escalada de aumentos impositivos. La sostenibilidad económica y social de la provincia depende de un modelo de gestión que priorice la equidad fiscal y el desarrollo integral de sus habitantes. Porque, al final del día, no se trata solo de cifras, sino de las vidas que están detrás de cada impuesto.
Córdoba no puede seguir soportando esta presión fiscal desmedida. Los vecinos merecen un gobierno que trabaje para ellos, no uno que los asfixie con políticas impositivas insostenibles. Es hora de poner fin a este modelo que prioriza el ingreso sobre el bienestar de su gente.
Matías Gvozdenovich – Pte. Bloque Unión Cívica Radical
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