Argentina ha sido históricamente reconocida por su rol de vanguardia en el reconocimiento y la garantía de derechos fundamentales. Nuestro marco normativo no es fruto del azar ni de la voluntad de unos pocos; representa décadas de luchas colectivas, reivindicaciones históricas y compromisos internacionales asumidos por el país. Estos derechos no son un lujo ni un capricho, sino la base que sostiene nuestra convivencia democrática y el acceso a una vida digna.

Entre las normativas más relevantes, la Ley de Protección Integral de las Mujeres constituye un ejemplo claro del compromiso del Estado argentino con la erradicación de la violencia de género y la promoción de condiciones para una vida libre de violencias. Esta ley, lejos de ser un simple acto legislativo, responde a compromisos internacionales asumidos por nuestro país al adherir a instrumentos clave como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

Sin embargo, en un preocupante giro de los acontecimientos, se han planteado propuestas que buscan impugnar y descalificar leyes que garantizan derechos básicos. Esta intención no solo desconoce el esfuerzo colectivo y la memoria histórica detrás de estas normativas, sino que también ignora los compromisos internacionales que Argentina ha asumido para avanzar en el respeto y la protección de los derechos humanos.

El retroceso no es una opción

La derogación de derechos conquistados supone un retroceso grave, no solo para las personas directamente afectadas, sino para toda la sociedad. Estas leyes no solo garantizan derechos individuales, sino que también son un escudo colectivo frente a las desigualdades estructurales y las violencias que atraviesan a nuestra comunidad.

Cuando un gobierno pretende impugnar leyes como la de Protección Integral de las Mujeres, surgen preguntas inevitables:

• ¿Qué cuida un gobierno que elimina normativas diseñadas para proteger a los sectores más vulnerables?
• ¿Qué promueve un gobierno que descalifica los avances en la lucha contra la violencia y la discriminación?

En un contexto donde la violencia de género sigue siendo una realidad alarmante, retroceder en la normativa vigente no es solo una falta de sensibilidad política; es una acción condenable que pone en riesgo la vida y la integridad de miles de personas.

La importancia de defender lo conquistado

Las leyes que hoy nos protegen no nacieron de la noche a la mañana. Fueron fruto de movilizaciones, debates y consensos que dieron lugar a avances significativos en materia de justicia, memoria, reparación histórica y ampliación de derechos. Cada normativa representa un paso hacia un país más justo e igualitario, y su derogación sería un golpe no solo a las conquistas sociales, sino también a los valores democráticos que nos definen como nación.

Argentina no puede permitirse retroceder. La derogación de derechos conquistados no solo es un ataque a quienes lucharon por ellos, sino también a quienes hoy dependen de estas normativas para vivir con dignidad. Como sociedad, debemos exigir a nuestros gobernantes que actúen con responsabilidad y compromiso, priorizando el bienestar colectivo por encima de cualquier interés político o ideológico.

Un llamado a la reflexión y la acción

Es momento de que todos los sectores políticos y sociales se unan para defender el marco normativo que tanto esfuerzo nos ha costado construir. Porque derogar derechos no solo es retroceder; es traicionar nuestra historia, nuestras luchas y nuestra esencia como nación.

Por una Argentina que avance, nunca que retroceda.

Miguel O. Nicolás
Legislador Provincial
Bloque UCR