Cuando Unión por Córdoba (UxCba) llegó al poder prometiendo una reducción del 30% en los impuestos, muchos cordobeses vieron en esas palabras una esperanza para aliviar sus economías familiares y empresariales. Sin embargo, hoy, a meses de asumir el nuevo ciclo gubernamental, esa promesa parece más lejana que nunca, y la realidad impone un panorama preocupante: los impuestos no solo no han disminuido, sino que la presión fiscal sigue creciendo, dejando a miles de ciudadanos al borde de la asfixia económica.

En Córdoba, el tema más acuciante no es el cumplimiento de las promesas de campaña, sino las consecuencias de una política fiscal implacable que amenaza con confiscar bienes a aquellos que no pueden ponerse al día con sus obligaciones tributarias. Las familias que ya enfrentan una inflación superior al 100% anual, según datos nacionales, ahora deben preocuparse por perder su patrimonio debido a la incapacidad de hacer frente a impuestos municipales y provinciales que no cesan de aumentar.

Promesas incumplidas y una doble vara política

La situación resulta aún más alarmante si se consideran los discursos políticos. Desde la administración provincial, liderada por Martín Llaryora, se han lanzado críticas recurrentes al gobierno nacional, exigiendo medidas concretas para paliar los efectos de la inflación y los altos costos de vida. Sin embargo, esas mismas demandas no se reflejan en la gestión interna de Córdoba. Mientras se exige que la Nación actúe, el gobierno provincial sigue aplicando aumentos impositivos desmedidos que contradicen las promesas electorales.

El contraste entre el discurso y la acción es evidente. ¿Cómo puede un gobierno que promete alivio fiscal justificar políticas que ponen en jaque a la ciudadanía con amenazas de embargo? Este doble estándar no solo afecta la confianza de los votantes, sino que pone en evidencia una falta de planificación y sensibilidad hacia los problemas reales que enfrentan los cordobeses.

Un llamado urgente a la coherencia y la verdad

Es momento de que el gobierno provincial asuma su responsabilidad y deje de señalar a la Nación como único responsable de la crisis económica. Córdoba necesita líderes que trabajen con honestidad y coherencia, priorizando soluciones concretas en lugar de discursos que intentan desviar la atención de los problemas internos.

Decir “basta de mentir” no es solo un reclamo político, sino un llamado a la acción. La gestión de Llaryora debe rectificar el rumbo y cumplir con las promesas realizadas. La confianza de los ciudadanos se construye con hechos, no con palabras vacías. Es imperativo que Córdoba deje de ser la provincia más cara del país y que las familias puedan recuperar su tranquilidad y estabilidad económica.

El pueblo cordobés ya no pide promesas, exige soluciones. Es hora de que el gobierno provincial esté a la altura de las circunstancias y tome decisiones que realmente beneficien a quienes más lo necesitan.