La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Una vez más, el gobierno provincial liderado por el peronismo ha puesto sobre la mesa la posibilidad de privatizar esta emblemática empresa estatal, una iniciativa que recuerda a lo sucedido en 2001 con la Ley de Nuevo Estado, cuando intentaron el mismo objetivo y fueron enfrentados por una contundente resistencia social y política.

El argumento del gobierno para justificar esta privatización es preocupantemente superficial y carece de fundamentos sólidos. A lo largo de los años, EPEC pasó de ser una empresa estatal eficiente y superavitaria a convertirse en un organismo cargado de irregularidades y mala gestión. En lugar de trabajar para optimizar los recursos de una empresa que alguna vez fue un ejemplo de administración pública, la dirección política ha sumergido a EPEC en gastos innecesarios y prácticas dudosas.

Entre los principales problemas de gestión que enfrenta la empresa, se destacan:

• Gastos superfluos: Recursos económicos mal empleados en cuestiones secundarias, que deberían estar destinados a mejorar la infraestructura y el servicio para los cordobeses.
• Beneficios desmedidos para altos cargos: Gerentes con salarios elevados y viáticos para viajes al exterior que, en muchos casos, no aportan resultados tangibles para la empresa ni para los usuarios.
• Contrataciones directas y falta de transparencia: Obras y licitaciones realizadas sin procesos competitivos claros, generando desconfianza en la administración.
• Falta de planificación estratégica: La empresa no ha mostrado avances significativos en modernización o expansión eficiente de sus servicios, agravando los problemas de acceso y calidad para los usuarios.

¿Privatización como solución?

El gobierno plantea que la venta de EPEC resolvería los problemas económicos de la empresa. Sin embargo, esta solución parece más un intento de deshacerse de una responsabilidad que de verdaderamente enfrentar los problemas estructurales que la aquejan. Privatizar una empresa pública con tanto peso en la vida de los cordobeses no es la respuesta, sino un camino que podría terminar encareciendo el servicio y limitando el acceso para las personas más vulnerables.

La experiencia histórica muestra que las privatizaciones no siempre benefician a los ciudadanos. Por el contrario, suelen priorizar los intereses de las empresas privadas, dejando en un segundo plano las necesidades de los usuarios. ¿Es este el «modelo cordobés» que el gobierno quiere imponer no solo en la provincia, sino también a nivel nacional?

Defender lo nuestro

La oposición y la sociedad deben mantenerse firmes frente a este intento de vender EPEC. La solución no pasa por privatizar, sino por garantizar una gestión eficiente y transparente. Es imperativo revisar los gastos, implementar controles claros y competitivos en las licitaciones, y asegurar que cada peso invertido en la empresa tenga un impacto positivo para los cordobeses.

EPEC no necesita cambiar de dueño, necesita administradores comprometidos y capacitados que trabajen para devolverle la eficiencia y el prestigio que alguna vez tuvo. Por eso, desde el bloque de la UCR, levantamos la voz para decir NO a la privatización y SÍ a la defensa del patrimonio de todos los cordobeses. Este es un momento crucial para proteger lo que nos pertenece y exigir una gestión pública responsable y comprometida.