La conmoción generada por las muertes de recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba en 2022 sigue resonando con fuerza en la sociedad cordobesa. Lo que debería haber sido un espacio de esperanza y vida se convirtió en el escenario de una tragedia que, aún hoy, deja interrogantes sin resolver. Más allá de las investigaciones judiciales en curso, lo que subyace como un dolor adicional es el silencio oficial con el que el gobierno provincial ha manejado este caso, un silencio que duele tanto como las pérdidas mismas.

El juicio que actualmente busca esclarecer las circunstancias de estas muertes ha comenzado a aportar datos reveladores. Los testimonios de los testigos han puesto de manifiesto no solo las posibles fallas individuales, sino también las grietas estructurales de un sistema de salud que, con acciones preventivas, podría haber evitado este desenlace. Cada testimonio es un eco de las vidas truncadas y de las oportunidades perdidas para intervenir y salvar, al menos, a algunos de los recién nacidos.

Lo que agrava esta tragedia no es solo la pérdida irreparable de vidas, sino también la falta de acción y de transparencia por parte del gobierno provincial. Las familias afectadas no solo tuvieron que enfrentar el dolor desgarrador de perder a un hijo, sino también la indiferencia de una administración que no supo, no quiso o no pudo detener esta cadena de muertes. Más allá de las responsabilidades individuales que determinará la Justicia, la inacción gubernamental es ineludible.

El silencio oficial no es neutro. Es, en sí mismo, una respuesta que implica desinterés y falta de empatía. La ausencia de una postura clara por parte del gobierno provincial y la demora en tomar medidas efectivas reflejan una falta de compromiso con los cordobeses, especialmente con los más vulnerables: los recién nacidos. Esta omisión no solo constituye una grave irresponsabilidad política, sino que también evidencia una alarmante desconexión con las necesidades y demandas de la población.

El sistema de salud, que debería ser un pilar de cuidado y protección, mostró su lado más débil en este caso. Las muertes podrían haberse evitado con protocolos adecuados, supervisión efectiva y una intervención oportuna. Sin embargo, la falta de reacción oportuna del gobierno provincial permitió que las tragedias continuaran, dejando a las familias y a toda la sociedad cordobesa en un estado de shock e indignación.

No se trata de señalar culpables materiales, una tarea que corresponde exclusivamente a la Justicia. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre el rol del Estado y su responsabilidad política en esta crisis. La violencia institucional que se ha denunciado en otros casos en Córdoba adquiere aquí una dimensión aún más dolorosa: la indiferencia ante la pérdida de vidas inocentes.

El caso del Hospital Neonatal debe ser un punto de inflexión. Los cordobeses merecen respuestas claras, justicia para las familias afectadas y garantías de que algo así nunca vuelva a ocurrir. Pero, sobre todo, merecen un gobierno que actúe con celeridad y transparencia frente a las crisis, que no se escude en el silencio y que asuma su responsabilidad política con dignidad.

El silencio no debe ser una opción. Es hora de que las autoridades de Córdoba den la cara, expliquen lo ocurrido y trabajen para reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. Solo así podremos empezar a sanar como sociedad y a recuperar la confianza en nuestras instituciones. Porque el dolor de las familias no puede ser ignorado, y el clamor por justicia no puede ser silenciado.