En medio de un verano marcado por tensiones políticas, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Unicameral, Matías Gvozdenovich, desató una polémica al cuestionar el reparto de la coparticipación realizado por el gobierno de Martín Llaryora. El eje de la discusión se centró en los adelantos de fondos otorgados en diciembre de 2024 y en la implementación de los nuevos porcentajes de coparticipación basados en el Censo 2022.

La crítica de Gvozdenovich se hizo pública a través de un posteo en redes sociales, donde acusó al Gobierno provincial de generar perjuicios a municipios del interior con el reparto de fondos. En respuesta, el Ministerio de Gobierno, a cargo de Manuel Calvo, salió a defender su gestión, calificando de «incomprensibles» las críticas del legislador radical.

Reclamos por los adelantos de diciembre

El foco inicial de la controversia fue el pedido del Foro de Intendentes de la UCR y el Comupro para adelantar los pagos de la segunda quincena de diciembre, que debían acreditarse en enero. Argumentaron que la crisis financiera de los municipios exigía liquidez inmediata. El Gobierno accedió a realizar el adelanto, pero Gvozdenovich denunció que hubo diferencias en perjuicio de ciertos gobiernos locales.

Desde la Provincia aclararon que la liquidación completa de la coparticipación de diciembre se realizará el viernes 10 de enero. «No hubo nada raro en la forma en la que se liquidó la coparticipación. Respondimos al pedido de intendentes de todos los partidos», afirmaron desde el Ministerio de Gobierno.

El impacto del Censo 2022

La polémica se amplificó al abordarse la actualización de los porcentajes de coparticipación basados en el Censo Nacional de 2022, cuyos datos se conocieron en 2023. Desde enero, el Ministerio de Economía y Gestión Pública comenzará a aplicar nuevos valores según los cambios demográficos de las 427 jurisdicciones provinciales.

Para Gvozdenovich, este ajuste debió haberse debatido en el Presupuesto aprobado en diciembre, en lugar de implementarse automáticamente. «Preguntamos en la Comisión de Presupuesto cuándo estarían los datos del Censo, y ahora lo aplican sin aviso», señaló el legislador.

Desde el oficialismo sostienen que la Ley Orgánica Municipal establece que los cambios en la coparticipación deben aplicarse en enero tras un nuevo censo y que no requieren aprobación legislativa. Sin embargo, aclararon que los cambios de estatus, como el paso de comuna a ciudad, sí deben ser informados a la Legislatura.

No obstante, Gvozdenovich advirtió que si la información no se transparenta en la Legislatura, el bloque radical recurrirá a la Justicia.

Pedido de informes en la Unicameral

El descontento no es exclusivo de Gvozdenovich. Intendentes de localidades como Adelia María, Camilo Aldao y Huinca Renancó también expresaron su preocupación por posibles reducciones de hasta el 10% en sus ingresos por coparticipación.

En este contexto, el viernes 3 de enero, Gvozdenovich presentó un pedido de informes en la Unicameral solicitando explicaciones sobre las «diferencias» en los adelantos de diciembre y cómo quedarán distribuidos los fondos en base a los nuevos cálculos del Censo.

La iniciativa busca garantizar la transparencia en el manejo de los recursos y evitar inequidades entre las localidades. Mientras tanto, el Gobierno provincial defiende la legalidad y equidad de los procedimientos adoptados.

Conclusión

El debate sobre la coparticipación en Córdoba pone en evidencia las tensiones entre el oficialismo y la oposición en un contexto de dificultades económicas para los municipios. La aplicación de los nuevos cálculos basados en el Censo 2022 podría generar nuevos conflictos, especialmente si persisten las denuncias de falta de transparencia. Mientras la Provincia defiende sus decisiones, los sectores opositores amenazan con judicializar la cuestión, lo que augura un inicio de año marcado por la confrontación política.