El exintendente de Arias y actual legislador radical Matías Gvozdenovich lanzó duras críticas contra el gobernador Martín Llaryora y su gestión, acusándolo de actuar de manera unilateral y confiscatoria en relación con los recursos de coparticipación que, por ley, corresponden a los municipios y comunas de Córdoba. Las declaraciones del presidente del bloque de la UCR dejaron en evidencia la creciente tensión entre el gobierno provincial y los intendentes.

Gvozdenovich no escatimó calificativos para describir la situación. La definió como una «confiscación» inédita en la historia reciente de la provincia, incluso comparándola desfavorablemente con las gestiones previas de José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y Ramón Mestre. Según el dirigente radical, el recorte en la primera coparticipación de diciembre afectó a municipios de todos los signos políticos, generando un fuerte malestar en el interior provincial. «Esto no se vio nunca», enfatizó.

La denuncia principal gira en torno a la presunta violación de la ley de coparticipación. Gvozdenovich aseguró que algunos municipios recibieron transferencias simbólicas, como el caso de quienes obtuvieron apenas mil pesos, evidenciando el desfinanciamiento extremo. Esta situación, según el legislador, afecta la capacidad operativa de las administraciones locales para afrontar sus compromisos y prestar servicios esenciales.

En su intervención, el dirigente radical subrayó la necesidad de respetar la normativa vigente y advirtió que el tema podría judicializarse si el gobierno provincial no retrocede en su accionar. «No vamos a parar hasta que se devuelva cada peso a los municipios y comunas, sin importar el color político de cada uno», afirmó con contundencia.

Además, Gvozdenovich pidió la conformación de una mesa de seguimiento y control de la coparticipación, integrada por legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. Su objetivo es garantizar la transparencia en el manejo de los fondos y evitar futuras maniobras discrecionales. «El dinero es de los vecinos cordobeses, no del gobernador», subrayó.

Las críticas del radicalismo también incluyeron un reproche a la estrategia temporal del gobierno, acusándolo de aprovechar el período de diciembre y enero —cuando los municipios enfrentan recesos administrativos y la atención pública disminuye— para implementar estas medidas de manera sorpresiva. «Te meten las cosas en diciembre cuando llega Navidad o te la meten ahora cuando todo el mundo está de vacaciones», ironizó el legislador.

El discurso concluyó con un llamado al gobernador y sus ministros a respetar la institucionalidad municipal. «Esto es bochornoso. El municipalismo cordobés no se toca, que les quede claro. Déjense de joder con los intendentes», sentenció Gvozdenovich, dejando en claro que el conflicto está lejos de resolverse.

La situación expone una disputa que trasciende lo meramente financiero y se instala en el corazón del debate político cordobés. El manejo de los recursos y la autonomía municipal se perfilan como temas clave en la agenda política, mientras la oposición radical se posiciona como el principal contrapeso a la administración provincial. Resta ver si el gobierno de Llaryora responde al reclamo o si, por el contrario, la confrontación escala hacia el terreno judicial.