Termina 2024 y, lamentablemente, Córdoba cierra el año como lo empezó: con un gobierno que sigue castigando los bolsillos de los ciudadanos con una voracidad impositiva que no tiene precedentes. Al mejor estilo de Martín Llaryora, despedimos otro ciclo con incrementos desproporcionados en servicios esenciales como el agua y los peajes, que superan el 300%, una cifra exorbitante que multiplica, con creces, la inflación nacional de poco más del 100%.

¿En qué se basa este modelo de gestión que parece priorizar siempre la recaudación por encima de las necesidades reales de los cordobeses? Este esquema no es nuevo, pero resulta alarmante su intensidad. Queda claro que el «colchón financiero» que sostiene la estructura política del oficialismo necesita cada vez más recursos. ¿De dónde los obtienen? De los impuestos, claro. Una vez más, el gobierno recurre a los ciudadanos para cubrir gastos superfluos y garantizar su funcionamiento político, ignorando el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de las personas.

Como cordobés, me pregunto: ¿hasta cuándo podremos resistir esta presión fiscal desmedida? Córdoba, la provincia más cara del país, no para de asfixiar a sus habitantes con aumentos. Este gobierno parece haber creado su propio «índice de inflación», un indicador diseñado exclusivamente para justificar subas que no tienen correlato con los servicios que los ciudadanos reciben.

Los peajes son un ejemplo claro de este desbalance. ¿Cuánto más deberá pagar un cordobés para circular por rutas que, en muchos casos, están lejos de estar en condiciones óptimas? A esto se suma el incremento en el agua, un recurso esencial para la vida, que también se ha convertido en una herramienta de recaudación. Estas subas no solo impactan en los hogares, sino también en los pequeños comerciantes y productores que sostienen la economía provincial.

Es evidente que este gobierno no está gestionando con la eficiencia que se necesita. En lugar de optimizar los recursos, reducir el gasto político y eliminar las erogaciones innecesarias, opta por aumentar la presión sobre los ciudadanos. No podemos seguir siendo la solución a sus desmanejos financieros. Los cordobeses necesitamos un gobierno que priorice nuestras necesidades, que entienda las dificultades que enfrentamos a diario y que tenga la voluntad de tomar decisiones que realmente beneficien a la población.

La situación actual es insostenible. No podemos seguir aceptando que se nos cobre más por menos, mientras los servicios públicos no mejoran y la calidad de vida de los cordobeses sigue deteriorándose. Llegó la hora de exigir transparencia, eficiencia y responsabilidad. Córdoba necesita un cambio de rumbo urgente. Es necesario que se acaben los aumentos y que se implementen políticas públicas que realmente apunten al bienestar de todos los cordobeses.

Llamo a todos los ciudadanos a reflexionar y a levantar la voz frente a esta situación. El abuso fiscal no puede seguir siendo la norma. Córdoba merece algo mejor.