En un contexto de creciente déficit fiscal, el gobierno provincial ha decidido adelantar tres años el llamado a licitación para casinos y tragamonedas en Córdoba, extendiendo el contrato hasta el año 2047. Esta maniobra ha despertado sospechas y críticas desde distintos sectores, que ven en esta decisión un intento desesperado por asegurar ingresos a largo plazo, comprometiendo el futuro de la provincia.
El contrato vigente con la empresa CET (Compañía de Entretenimiento y Turismo) aún tiene tres años de duración, pero el Ejecutivo provincial ha optado por iniciar el proceso licitatorio ahora, despertando inquietudes sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta urgencia. En lo que va del año, CET ha aportado 2.624 millones de pesos a las arcas provinciales, una suma significativa en un momento de estrechez económica. Sin embargo, el llamado a licitación por dos décadas plantea preguntas incómodas: ¿por qué esta prisa? ¿Es este un intento de consolidar recursos financieros a costa de hipotecar el futuro?
Sospechas y preguntas sin respuesta
Desde sectores opositores, se han presentado pedidos de informe para esclarecer los detalles de esta licitación, pero hasta ahora el gobierno ha rechazado responder. Este silencio alimenta las sospechas de irregularidades o, al menos, falta de transparencia. Tal como expresó Matías Gvozdenovich, crítico de la medida:
«Es muy sospechoso que se llame a licitación faltando tres años para que termine el contrato actual con el CET. Además, lo hacen por 20 años. ¿Acaso están tan seguros de que seguirán en el poder tanto tiempo?»
La referencia a la figura del zorro merodeando el gallinero refleja la percepción de que detrás de esta licitación hay intereses ocultos que no han sido explicados a la ciudadanía. Gvozdenovich señala que esta licitación comprometería al próximo gobierno, dejando atadas las manos de las futuras administraciones en caso de querer revisar o cancelar el contrato.
Impacto económico y político
Los casinos se han convertido en una fuente de ingresos clave para Córdoba, pero también en un área sensible por los riesgos de corrupción y falta de control. El anticipo del llamado a licitación plantea dudas sobre el impacto económico y legal en caso de que un futuro gobierno quiera dar marcha atrás. ¿Se prevén cláusulas de rescisión? ¿Qué costos deberá asumir la provincia si decide romper el contrato? Estas preguntas siguen sin respuesta, alimentando la incertidumbre.
El oficialismo defiende la medida como una estrategia para garantizar ingresos estables en tiempos de crisis, pero sus críticos advierten que la urgencia por asegurar esos fondos podría estar motivada más por necesidades políticas que por planificación responsable. Además, extender el contrato por 20 años implica asumir que el partido gobernante mantendrá el poder durante ese tiempo, una apuesta arriesgada y, según algunos, arrogante.
Transparencia en la mira
La decisión del gobierno provincial de adelantar esta licitación por dos décadas ha generado inquietud y desconfianza en amplios sectores. La falta de respuestas concretas y la negativa a aprobar pedidos de informe refuerzan la percepción de opacidad en el proceso.
Gvozdenovich advierte que, de no obtener respuestas claras, se investigará a fondo el proceso licitatorio. En sus palabras: «Ojalá me equivoque. Porque si no, les prometo que vamos a investigar a fondo esta licitación.»
Mientras tanto, la ciudadanía espera que el gobierno dé explicaciones concretas sobre este polémico proceso, para despejar las dudas y asegurar que no se estén comprometiendo los recursos y el futuro de la provincia en decisiones apresuradas.
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