En la sesión prevista para mañana, la Legislatura de Córdoba aprobará el proyecto de «Ficha Limpia» con el respaldo del oficialismo y la mayoría de los bloques opositores. Esta iniciativa establece la inhabilitación para ejercer cargos electivos y funciones públicas a personas con condenas confirmadas por delitos dolosos.

El lunes pasado, en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Legislación General, se alcanzó un acuerdo para compatibilizar los proyectos presentados por las legisladoras justicialistas Julieta Rinaldi, María Victoria Busso y María del Rosario Acevedo, junto con las propuestas de la radical Brenda Austin.

El proyecto adoptado eleva los estándares de idoneidad para candidatos y funcionarios, una iniciativa que Austin había impulsado en junio retomando la propuesta del exparlamentario Marcelo Cossar. Su planteo establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a penas privativas de libertad, incluso si la sentencia no estuviera firme. Por su parte, las legisladoras del PJ propusieron que las inhabilitaciones se apliquen a personas condenadas en segunda instancia.

Detalles del Proyecto

El texto consensuado define que quedarán inhabilitadas para cargos electivos las personas condenadas a penas privativas de la libertad de ejecución efectiva o penas de inhabilitación por delitos dolosos. Además, se establece que la sentencia debe ser confirmada por un tribunal de instancia superior, ya sea por vías recursivas u ordinarias.

La inhabilitación se extiende desde la confirmación de la sentencia hasta su revocación o el cumplimiento total de la pena. Este alcance incluye también a cargos partidarios y funcionarios públicos, un punto impulsado por la UCR.

Adicionalmente, los partidos políticos o alianzas electorales deberán presentar declaraciones juradas firmadas por todos los candidatos. El Juzgado Electoral verificará dichas declaraciones mediante certificados de antecedentes penales del Registro Nacional de Reincidencia y la Policía de Córdoba.

Declaraciones y Consensos

La legisladora Brenda Austin destacó: “Este dictamen establece un estándar ético más elevado para quienes aspiren a cargos electivos o sean funcionarios públicos”. También subrayó el trabajo conjunto con el oficialismo: “Quiero reconocer la predisposición de Rinaldi y Busso para construir este consenso político”.

Por su parte, María Victoria Busso resaltó el esfuerzo realizado para compatibilizar los proyectos y lograr un dictamen unánime. “Este proyecto reivindica la política provincial, asegurando que quienes ejerzan cargos públicos cumplan con los estándares éticos requeridos”, afirmó.

Nombramientos en el Tribunal Superior de Justicia

En la misma sesión, se tratará el pliego para la designación de Jessica Valentini como vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Aunque se espera un debate intenso, el oficialismo contaría con los votos necesarios gracias al respaldo de los legisladores Karina Bruno (PRO) y Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza).

También se someterán a votación otros nombramientos clave: Pablo Bustos Fierro como defensor General; Pablo Pupich como defensor Adjunto del Ministerio Público de la Defensa; Néstor Gómez como defensor Adjunto; Guadalupe García Petrini como defensora Adjunta en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género; y Alejandro Pérez Moreno como fiscal Adjunto de la Fiscalía General.

Otros Proyectos en Debate

En el cierre del año legislativo también se tratará un proyecto de ley de Procedimiento Penal Juvenil. Esta propuesta modifica y deroga artículos de la normativa 9.944 sobre Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con la aprobación de la ley de Ficha Limpia y el tratamiento de temas clave como los nombramientos judiciales y la protección de menores, la sesión promete ser un hito en el cierre del año legislativo de Córdoba.