En un contexto marcado por tensiones internas y desafíos frente al oficialismo, la Unión Cívica Radical (UCR) se prepara para una reunión clave este lunes, liderada por Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer, donde se definirá si votarán a favor de la designación de Jessica Valentini, propuesta por el gobernador Martín Llaryora para integrar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Valentini, quien actualmente ocupa el cargo de Oficial Mayor en la Municipalidad de Córdoba, tiene una trayectoria que incluye vínculos con el radicalismo, aunque desde hace cinco años forma parte del esquema del peronismo provincial.

Críticas a la politización del Poder Judicial

La legisladora radical Alejandra Ferrero, presidenta simbólica del interbloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura, adelantó su posición crítica respecto a la politización del TSJ. “El Tribunal Superior de Justicia debería estar integrado por miembros independientes. Es nuestra cabeza del Poder Judicial y no debe impregnarse de política”, expresó en declaraciones al programa Voz y Voto de El Doce.

Ferrero subrayó que, aunque Valentini tuvo sus orígenes en el radicalismo, actualmente es funcionaria del oficialismo, lo que la convierte en una figura incompatible con los ideales de independencia judicial que defiende la oposición. Además, negó que exista una negociación entre la UCR y el Gobierno provincial para completar las vacantes en la Justicia, aunque desde el Frente Cívico liderado por Luis Juez persisten las sospechas sobre posibles acuerdos.

Diferencias con el Frente Cívico y el presupuesto 2025

La relación entre la UCR y el juecismo sigue siendo tensa, especialmente tras el reciente desencuentro por la votación del presupuesto provincial 2025. Mientras que el Frente Cívico lo rechazó, los radicales lo apoyaron, generando especulaciones sobre una fractura en la unidad opositora. Sin embargo, Ferrero defendió la decisión, argumentando que los intendentes radicales priorizan la gobernabilidad y el control de recursos.

Pese a esto, la legisladora manifestó dudas sobre las promesas de Llaryora de aumentar la coparticipación municipal en un 1%. “Aunque se promete más recursos, se implementan fondos que finalmente no son redistribuidos de manera justa, como el fondo de seguridad o el de lucha contra el fuego. Esto evidencia el modelo discrecional del Gobierno provincial”, afirmó.

Reforma del Consejo de la Magistratura

Ferrero también anticipó la presentación de un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura. Según la legisladora, la actual composición aumenta la incidencia del Ejecutivo y deja sin representación efectiva a la oposición. “El equilibrio de poderes es fundamental. No podemos permitir que el Consejo siga siendo una extensión del oficialismo”, sentenció.

Apross y los cuestionamientos al manejo de recursos

En línea con sus críticas al gobierno de Llaryora, Ferrero cuestionó la falta de transparencia en la administración de recursos públicos y mencionó como ejemplo el manejo de Apross, que no ha presentado balances en ocho años. “Estamos ante un modelo de gestión que descentraliza organismos para evitar auditorías, generando un oscurantismo en la administración”, denunció.

Avances en la ley de ficha limpia

En contraste, Ferrero celebró un avance significativo: el apoyo del oficialismo a la ley de ficha limpia, una bandera histórica de la oposición. Esta normativa, impulsada desde hace años por Juntos por el Cambio, busca garantizar que los funcionarios públicos estén libres de antecedentes de corrupción.

Un camino lleno de desafíos

La decisión sobre el pliego de Valentini pondrá a prueba la cohesión de la UCR, fragmentada en dos bloques en la Legislatura, y la capacidad de mantener una alianza estratégica con el Frente Cívico. Más allá del resultado, la discusión expone un escenario complejo donde la independencia judicial, la transparencia y la gobernabilidad están en el centro de la disputa política en Córdoba.