El incidente ocurrido ayer con un colectivo de TAMSE exponen, una vez más, la crisis estructural que atraviesa el sistema de transporte público en Córdoba. Lejos de ser un caso aislado, este suceso se suma a una serie de episodios que ponen en evidencia la negligencia en la gestión y el control estatal sobre las empresas prestadoras del servicio.
En el último año, la inseguridad en el transporte público ha cobrado protagonismo: en 2023, se incendiaron al menos 20 unidades de diferentes empresas . Estos hechos no solo representan un riesgo para la seguridad de los pasajeros, sino que también plantean serias dudas sobre el estado de las flotas y las políticas de mantenimiento implementadas.
El caso ERSA y la improvisación estatal
A principios de este año, el retiro de la empresa ERSA del sistema de transporte metropolitano marcó un punto crítico. Ante esta situación, la Municipalidad optó por alquilar las unidades de la empresa saliente, a pesar de los reiterados informes que anunciaban sobre su deteriorado estado. Este parche momentáneo no solo no resolvió los problemas de fondo, sino que, además, agravó la percepción de un sistema cada vez más precario y peligroso.
Contratos irregulares y falta de licitaciones transparentes
Otro de los puntos que genera controversia es la extensión de contratos vencidos sin una licitación transparente. Esta práctica, que se ha convertido en una constante, perpetúa un modelo de opacidad que limita la posibilidad de que nuevas empresas, con mejores estándares, puedan ingresar al sistema. Los vínculos entre el Estado y las empresas parecen estar gobernados más por intereses políticos que por criterios técnicos o de servicio.
Control estatal de casos
La falta de un control riguroso por parte del Estado sobre las empresas concesionarias agrava aún más la situación. Mientras los usuarios se enfrentan a una «ruleta rusa diaria» al abordar un colectivo, las empresas operan sin mayores exigencias. ¿Dónde están las auditorías, las inspecciones técnicas y las sanciones ante el incumplimiento? El Estado, en su papel de garantía de un derecho esencial como el transporte, parece haber abandonado a los ciudadanos.
Un derecho, no un privilegio
El transporte público debe ser un derecho fundamental, seguro y digno. Sin embargo, en Córdoba, la negligencia, la improvisación y la falta de transparencia han convertido a este servicio en una fuente constante de incertidumbre y riesgo para los usuarios. Cada colectivo que recorre la ciudad debería ser una herramienta de conexión, no un peligro ambulante.
Es urgente que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar la seguridad y calidad del servicio: desde la revisión técnica de las unidades hasta la implementación de licitaciones transparentes y controles estrictos. Solo así se podrá devolverle al transporte público el carácter esencial que nunca debió perder.
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