El gobernador Martín Llaryora presentó el Presupuesto 2025 con una estrategia clara: fortalecer la relación con los municipios y comunas de Córdoba, atendiendo sus necesidades en un contexto de crisis económica generalizada. Con herramientas innovadoras de ingeniería tributaria, la Provincia busca aumentar los fondos disponibles para obras y ayudas que impulsan el desarrollo local y responden a las demandas de los intendentes.

Un escenario crítico en los municipios.

La recesión económica golpea de manera desigual, pero con fuerza, a la mayoría de las administraciones locales de Córdoba. La disminución de recursos propios y la caída de la coparticipación nacional han llevado a los municipios al límite. Un caso paradigmático es Mendiolaza, que declaró la emergencia económica y congeló los salarios municipales hasta abril de 2025. En Colonia Caroya y Jesús María, recientes protestas gremiales exigen recomposiciones salariales, mientras que otras localidades han manifestado públicamente sus dificultades para afrontar gastos básicos.

En este marco, el apoyo de la Nación se ha reducido drásticamente. Según los intendentes radicales y del PRO que gestionaron fondos en Casa Rosada sin éxito, la respuesta oficial fue contundente: «No hay plata». Frente a este vacío, el Presupuesto 2025 de Córdoba se presenta como una alternativa para ofrecer soluciones concretas.

Cambios clave en el Presupuesto 2025

Entre las modificaciones destacadas en el Código Tributario Provincial, se amplía el uso del fondo de emergencia destinado a los municipios. Este fondo, creado originalmente para atender desequilibrios financieros temporales, podrá ser utilizado para obras de infraestructura, adquisición de bienes de capital y otros proyectos. Además, su capacidad se duplicará, incorporando un porcentaje adicional del 1% de la porción provincial de coparticipación.

Otra novedad es la creación del “Programa Provincial Fondo de Innovación y Modernización en la Gestión Tributaria de Municipios y Comunas”, que busca mejorar la recaudación local mediante convenios de gestión con la Dirección General de Rentas. Los municipios que se adhieran podrán recuperar hasta el 80% de lo recaudado, garantizando ingresos mínimos para sus arcas.

Además, se ratifica la continuidad del “Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social”, que desde 2018 asegura un porcentaje de la recaudación por Bienes Personales y el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes para los municipios y comunas.

El desafío de recaudar y construir política territorial

El contexto financiero de los municipios, agravado por la caída de la coparticipación y la baja en la recaudación local, es el eje de la política territorial en Córdoba. Más de 200 localidades se han incorporado al sistema de Ciudadano Digital, una herramienta que permitirá a la Dirección General de Rentas y sus socios privados, como ex-Kolektor, mejorar la eficiencia en el cobro de tributos.

El gobernador Martín Llaryora aprobó un acto reciente en Embalse para destacar la importancia de la obra pública como herramienta central del Estado. Anunció inversiones por $1.175 millones para infraestructura en Calamuchita, incluyendo la construcción de un polideportivo con una inversión de $250 millones.

“El mercado está donde hay mercado, donde hay números. Pero en muchas zonas de nuestra provincia, el mercado no llega. Por eso, el Estado tiene que estar presente”, señaló Llaryora.

El intendente de Embalse, Mario Rivarola, y la vicegobernadora Myrian Prunotto coincidieron en destacar la importancia de las obras como motor del desarrollo local y generación de empleo. “En Córdoba seguimos apostando por la obra pública para fortalecer el motor productivo de nuestra provincia”, concluyó Prunotto.

Un presupuesto con horizonte electoral

De cara a las elecciones de 2025, este presupuesto busca consolidar la política territorial del oficialismo, ofreciendo a los intendentes de todos los colores políticos y cimentando la relación entre la Provincia y el interior cordobés. En un escenario donde los recursos son escasos, el Gobierno de Córdoba apuesta a la obra pública ya la modernización tributaria como herramientas para garantizar la estabilidad financiera y el desarrollo en las localidades.

Sin el apoyo de Nación y con los municipios al borde del colapso, la estrategia de Llaryora es clara: demostrar que, en Córdoba, las respuestas vienen del Panal.