La Legislatura de la provincia de Córdoba se ha posicionado como un modelo de eficiencia en el manejo de fondos públicos a nivel nacional. Con un presupuesto anual que representa apenas una cuarta parte de lo que consumen las legislaturas de otras provincias de características similares, la Unicameral cordobesa destaca tanto por su austeridad como por su compromiso con la transparencia. Esta doble virtud ha sido reconocida en varias mediciones y coloca a Córdoba en un lugar privilegiado en comparación con distritos semejantes en Argentina.

Un Presupuesto Reducido en el Contexto Nacional

El presupuesto de la Legislatura de Córdoba para el año 2024 asciende a $18.123.344.000, equivalente al 0,43% del presupuesto total de la provincia, que es de $4.207.312.051.000. Al observar las asignaciones presupuestarias de otras provincias, la diferencia es notable. Por ejemplo, Santa Fe, con un tamaño poblacional y territorial similar, destina $66.110.611.000 a su legislatura, lo que representa el 1,65% de su presupuesto anual de $3.996.840.092.000, casi cuatro veces más en términos proporcionales que Córdoba.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), otra jurisdicción comparable, asigna $69.105.933.035 a su poder legislativo, lo que implica el 1,21% de su presupuesto total de $5.720.097.399.499. En Entre Ríos, los costos legislativos alcanzan los $15.459.920.000, correspondientes al 1,23% de un presupuesto provincial de $1.257.264.080.000. Otro caso destacado es el de La Rioja, cuya legislatura consume $10.815.150.081, o el 1,67% de los fondos provinciales.

Por el lado de la austeridad, Mendoza se sitúa como la más comparable a Córdoba, destinando un 0,44% de su presupuesto total a su legislatura, aunque con una población que es aproximadamente la mitad de la cordobesa.

Costos por Habitante: Córdoba a la Vanguardia de la Austeridad

El análisis de los costos legislativos en relación con la población revela también la eficiencia de la Unicameral cordobesa. Según datos del Censo 2022, el gasto anual per cápita en Córdoba asciende a $4.719,50, equivalente a $393,29 mensuales por habitante. Este monto contrasta notablemente con los $18.649,46 anuales ($1.554,12 mensuales) que cada santafesino aporta para sostener su legislatura, o los $22.137,23 anuales ($1.844,77 mensuales) en CABA.

En el otro extremo, La Rioja presenta el gasto per cápita más alto, con $28.174,36 anuales o $2.347,86 mensuales por habitante, casi seis veces más que el costo por ciudadano en Córdoba. Estos datos reflejan la capacidad de Córdoba para maximizar el uso de sus recursos y realizar sus funciones legislativas con una carga financiera menor para su población.

Transparencia: Un Sello de Distinción Internacional

A la eficiencia presupuestaria, la Legislatura de Córdoba suma un modelo de transparencia ampliamente reconocido. Según el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), que mide la apertura de los parlamentos en América Latina, la Unicameral cordobesa lidera el ranking regional con un puntaje de 66,79%, destacándose como la institución legislativa más transparente de América Latina.

El ILTL, una iniciativa impulsada por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa y coordinada por la Fundación Directorio Legislativo, agrupa a 31 organizaciones de la sociedad civil de 15 países, y sus mediciones son un referente en la región para evaluar el acceso público a la información y el funcionamiento de los parlamentos.

Córdoba, un Ejemplo a Nivel Nacional

La gestión austera y transparente de la Legislatura de Córdoba marca un ejemplo valioso en el contexto nacional, especialmente en un país donde los presupuestos legislativos a menudo son objeto de crítica por su magnitud en relación con la calidad de vida de los habitantes. El caso cordobés muestra que es posible mantener un funcionamiento legislativo eficiente sin imponer una carga excesiva a las arcas provinciales ni a los ciudadanos.

Con una asignación presupuestaria moderada y un fuerte compromiso con la transparencia, Córdoba se posiciona como un modelo de administración pública responsable y accesible, una aspiración que otras provincias podrían tomar como referencia en la búsqueda de una gestión más equilibrada y alineada con los intereses de la ciudadanía.