Córdoba, 30 de octubre de 2024 —
Un nuevo conflicto institucional sacude a la Legislatura de Córdoba. La oposición denunció la exclusión de la legisladora Alejandra Ferrero, presidenta del Interbloque de Juntos por el Cambio, de la Comisión de Trabajo Parlamentaria, situación que considera una «intempestiva y autoritaria decisión» del oficialismo. A través de una nota firmada por 11 de los 17 integrantes opositores en la comisión, los legisladores exigieron a la presidenta de la Legislatura, Myrian Prunotto, la reincorporación de Ferrero, argumentando que la medida daña el equilibrio democrático en el recinto.

Ferrero, quien ha representado al Interbloque en las reuniones del Partido Laborista Parlamentario durante más de diez meses, había estado coordinando tareas legislativas de varios bloques. La decisión del oficialismo, de impedir su entrada desde el 16 de octubre, sorprendió tanto a la legisladora como a sus colegas opositores. La nota enviada a Prunotto plantea que esta exclusión responde a una interpretación sesgada y restrictiva del reglamento legislativo, con el fin de limitar la participación opositora en decisiones clave.

Revisión de argumentos reglamentarios

En su nota, los legisladores opositores fundamentaron su reclamo en el artículo 57 del Reglamento de la Legislatura, el cual permite a los interbloques «actuar políticamente en forma conjunta» dentro del ámbito legislativo, sin modificar la estructura representativa en comisiones permanentes. Según la oposición, el reglamento permite que los interbloques participen en el recinto sin otorgarles cargos adicionales ni mayor representatividad en comisiones.

Los opositores señalaron que la exclusión de Ferrero se ampara en una interpretación restrictiva del artículo 59, que define la composición de la Comisión de Trabajo Parlamentaria como integrada por los presidentes de los bloques y los vicepresidentes de la Legislatura. Sin embargo, sostienen que este artículo no prohíbe la participación de interbloques y que, al tratarse de una comisión distinta en sus funciones y estructura, no debe interpretarse de forma literal, sino en consonancia con el artículo 57, que permite a los interbloques actuar políticamente.​

«Atropello institucional y antidemocrático»

Para los legisladores firmantes, la exclusión de Ferrero representa un “atropello institucional” que atenta contra los acuerdos de convivencia democrática en la Legislatura. «Lo que la ley no prohíbe, está permitido», manifestaron, recordando que la Comisión de Trabajo Parlamentaria no se asemeja en su composición y dinámica a las comisiones permanentes, ya que toma decisiones sobre la agenda legislativa, sin replicar las mayorías y minorías partidarias del recinto. A su juicio, la decisión oficialista de apartar a la presidenta del Interbloque responde a un intento de limitar la capacidad de acción de la oposición en un ámbito en el que se toman decisiones cruciales para el rumbo de las sesiones.

La nota también advierte que en los últimos años, el reglamento legislativo fue adaptado para reconocer la figura de los interbloques, sin ajustar otros artículos a esta nueva configuración. Este cambio, explican, buscaba permitir que bloques minoritarios pudieran coordinarse en el recinto, un derecho que consideran ahora vulnerado. «El oficialismo parece haber olvidado el espíritu de la reforma reglamentaria y actúa como si los interbloques no tuvieran un rol reconocido en la Legislatura», plantearon en la misiva​.

Una exigencia de equilibrio y diálogo democrático.

Los legisladores instalaron a la presidenta de la Legislatura, Myrian Prunotto, a que se respete el papel de Ferrero en la Comisión de Trabajo Parlamentaria, recordando que, hasta mediados de octubre, su participación había sido aceptada y reconocida. “La exclusión de Ferrero no solo es un acto de arbitrariedad, sino que además daña la vocación parlamentaria y el diálogo democrático que se había intentado construir en este recinto”, expresaron en el documento.

La oposición sostiene que la medida oficialista debilita la pluralidad y afecta la representatividad en un órgano que, paradójicamente, debería reflejar la voluntad popular y facilitar la construcción de consensos. La intervención de Ferrero en Labor Parlamentaria había permitido, según la oposición, coordinar una agenda que respondiera a las necesidades de los bloques minoritarios y garantizar un equilibrio de fuerzas. La negativa oficialista a permitir su regreso se enciende ahora una discusión mayor sobre los límites del reglamento y la independencia de las decisiones en el seno de la Legislatura.

Con esta denuncia, la oposición subraya la importancia de una interpretación integral del reglamento y apunta que la exclusión de Ferrero marca un precedente grave en las prácticas parlamentarias de Córdoba.

A continuación la nota: