En un ambiente de creciente tensión política en la Legislatura de Córdoba, el oficialismo y la oposición han protagonizado un nuevo enfrentamiento que refleja las profundas diferencias entre ambos sectores. Tal como se había anticipado, el oficialismo, liderado por la legisladora Nadia Fernández, impidió el ingreso de la legisladora Alejandra Ferrero, presidenta del Interbloque de Juntos por el Cambio, a una reunión clave de Labor Parlamentaria, argumentando que dicha figura no está contemplada en el reglamento interno del cuerpo legislativo.

La medida, justificada por el oficialismo como un intento de «retomar el reglamento» y corregir «malos funcionamientos» en el manejo de las sesiones, ha generado fuertes reacciones desde la oposición, que interpreta el hecho como un acto de censura y persecución política. Según Ferrero, durante los últimos ocho meses ha participado de manera activa en estas reuniones en su calidad de presidenta del Interbloque, lo que, a su criterio, debería darle un grado de legitimación en los espacios de debate parlamentario. Sin embargo, el oficialismo no comparte esta visión y ha decidido aplicar una interpretación estricta del reglamento, el cual no reconoce la figura del «presidente del Interbloque» dentro del organigrama de la Legislatura provincial.

Esta situación ha derivado en una nueva crisis política que resalta las tensiones entre las principales fuerzas políticas de Córdoba. Mientras desde el oficialismo se argumenta que el cumplimiento del reglamento es esencial para evitar el desorden en las sesiones parlamentarias, la oposición denuncia que se trata de una maniobra para silenciar a sus principales referentes y debilitar su capacidad de influencia en la Legislatura.

El conflicto pone de manifiesto las dificultades de gobernabilidad en un contexto donde los acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición parecen cada vez más lejanos. La exclusión de Ferrero no es solo un hecho administrativo, sino que encierra un trasfondo político en el que ambas partes tendrán que negociar para evitar que la situación escale aún más.

Este incidente también ha abierto el debate sobre la falta de claridad en el reglamento de la Legislatura de Córdoba, que no contempla la figura del presidente de Interbloque, una realidad política que, sin embargo, ha sido aceptada de facto durante meses. La negativa del oficialismo a seguir reconociendo esta figura revela una estrategia más amplia de control sobre las instancias legislativas en un año clave para la política provincial.

Mientras tanto, la oposición busca llevar este asunto a la opinión pública, presentándolo como un ejemplo de censura y persecución política, algo que sin duda resonará en los próximos debates legislativos. De no resolverse este conflicto de forma consensuada, el funcionamiento de la Legislatura corre el riesgo de seguir envuelto en un clima de confrontación permanente.