Es indignante ver cómo el aumento de la tarifa de luz en Córdoba no tiene freno, superando por amplio margen a la inflación tanto provincial como nacional. Mientras la inflación acumulada en lo que va del año es del 102%, EPEC ha incrementado las tarifas en un desorbitante 360%. Esto no es solo una estadística, es un golpe diario al bolsillo de todos los cordobeses, un ataque al ya precario poder adquisitivo de una sociedad que vive al límite.

¿Cómo es posible que Córdoba tenga la energía más cara del país? ¿Por qué el gobierno provincial no hace nada al respecto? Martín Llaryora, el gobernador, parece más preocupado por sus viajes al exterior y sus planos de endeudamiento para sostener una estructura estatal abultada, que por brindar soluciones reales a los cordobeses. Mientras tanto, aquí, la realidad es cruda: EPEC no solo lidera el ranking de aumentos en Argentina, sino que con su voracidad tarifaria está empujando a más familias a la pobreza y la indigencia.

El impacto de estas subas no se detiene en el pago de la boleta de luz. Las tasas e impuestos que suman un 41% al total de la factura agravan aún más la situación. Cada mes, nos enfrentamos a la disyuntiva de pagar la luz o cubrir otras necesidades básicas. Es un círculo vicioso en el que se nos empuja a vivir, sin que el gobierno provincial ofrezca una sola medida social que proteja a los más vulnerables.

Las cifras son alarmantes: el último informe nacional señala que se necesitan 990 mil pesos mensuales para no caer en la pobreza. Sin embargo, lejos de preocuparse por esta situación, Llaryora continúa con su agenda personal, ajeno al sufrimiento que causan las políticas de su gestión. ¿Dónde está la sensibilidad social del «modelo cordobés»? ¿Cómo es que, mientras pide diálogo con el Gobierno Nacional, no es capaz de articular ni una sola medida en Córdoba para mitigar esta crisis?

Este gobierno ha perdido el rumbo, si es que alguna vez lo tuvo. Nos prometieron progreso, pero lo que recibimos son más deudas, más impuestos y una luz tan cara que enciende la desesperación. En lugar de atender las necesidades urgentes de la gente, el gobernador parece más interesado en exportar su «modelo cordobés» al resto del país. ¿Qué modelo quiere exportar? ¿El de una provincia en la que los servicios básicos se convierten en un lujo inaccesible?

Estamos cansados ​​de que los que gobiernan se llenen la boca con discursos vacíos mientras las familias cordobesas pagan el precio de su inacción. La energía es un derecho, no un privilegio para quienes puedan pagar tarifas impagables. Mientras el gobernador Llaryora sigue mirando para otro lado, la luz de la esperanza se apaga un poco más en cada hogar cordobés.