El legislador provincial Miguel Nicolás ha alzado la voz contra lo que considera una maniobra puramente recaudatoria del Gobierno de Córdoba en torno a las multas impuestas por la Policía Caminera. Nicolás ha emplazado a la Legislatura para que se trate un proyecto de ley que busca reemplazar el actual sistema de multas por sanciones no pecuniarias orientadas a la educación vial, denunciando además la persistente relación entre la provincia y la polémica empresa Ex Kolektor. Según el legislador, esta firma sigue beneficiándose del sistema de multas, cobrando millones solo por facilitar cajeros para el pago de las sanciones.

Es un escenario que expone lo que muchos críticos han señalado: las multas de la Caminera parecen estar más enfocadas en engrosar las arcas provinciales que en mejorar la seguridad vial. Lo más preocupante es que esta dinámica persiste bajo la mirada del actual ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien, irónicamente, fue en su momento un severo crítico de la relación entre Ex Kolektor y el gobierno provincial. Nicolás cuestiona la “cómoda transformación” de Quinteros, quien pasó de denunciar los vínculos con la empresa a ser un colaborador del esquema recaudatorio.

La crítica central de Nicolás no es solo contra la empresa que sigue lucrando con el cobro de multas, sino también hacia un sistema que parece haber abandonado cualquier intención educativa. Según los datos presentados por el legislador, la Policía Caminera levanta miles de multas diarias, pero los accidentes de tránsito siguen ocurriendo a niveles alarmantes. Esto pone en evidencia que las sanciones, tal como están diseñadas, no contribuyen de manera significativa a la seguridad vial.

Un enfoque puramente económico, sin impacto en la seguridad

La situación de Córdoba contrasta de manera preocupante con la de otros países que han logrado reducir drásticamente las muertes viales mediante estrategias integrales que combinan sanciones con campañas de educación vial. Mientras que en Argentina, según un informe, las cifras de muertes viales apenas han disminuido en los últimos diez años, países como España han reducido los accidentes en un 80% gracias a un enfoque más profundo y a largo plazo.

La pregunta que plantea Nicolás es: ¿Por qué en Córdoba no se está invirtiendo en educación vial? ¿Por qué las multas se han convertido en la única respuesta del Estado frente a las infracciones de tránsito? Y más preocupante aún, ¿por qué se sigue sosteniendo una relación contractual millonaria con una empresa cuyo único aporte parece ser proveer cajeros para el cobro de multas?

Un sistema que no disuade ni educa

Los expertos en seguridad vial, como María Cristina Isoba, presidenta de la organización «Luchemos por la Vida», han señalado que en otros países las sanciones incluyen, además de multas económicas, cursos de rehabilitación o trabajos comunitarios, lo que lleva a los infractores a tomar conciencia sobre la gravedad de sus acciones. No se trata solo de sancionar, sino de educar para evitar la reincidencia y prevenir más tragedias en las rutas.

Sin embargo, en Córdoba no parece haber interés en adoptar este enfoque. Como denuncia Nicolás, el gobierno provincial ha abandonado cualquier intento serio de educar a los conductores sobre los riesgos del mal manejo, ya sea por exceso de velocidad, consumo de alcohol o sustancias, o simplemente la falta de respeto a las señales de tránsito. La multa, en este contexto, no es más que una herramienta punitiva que cumple una doble función: recaudar y financiar a una empresa cuyo rol es, a todas luces, irrelevante para mejorar la seguridad vial.

¿Recaudar o salvar vidas?

El proyecto de Nicolás apunta a romper con esta lógica recaudatoria y proponer un sistema de sanciones que realmente tenga un impacto positivo en la conducta de los conductores. La eliminación de las multas en su formato actual no solo reduciría la dependencia del gobierno provincial de este mecanismo, sino que podría abrir la puerta a un enfoque más integral que incluya la educación y la concientización como pilares fundamentales.

El legislador está en lo cierto al señalar que, sin un cambio de rumbo, el sistema actual seguirá siendo poco más que una máquina de recaudar dinero. Pero mientras tanto, los conductores no están siendo debidamente educados para evitar conductas peligrosas en las rutas, y los accidentes continuarán sucediendo, con consecuencias fatales para miles de personas.

En definitiva, es urgente que el gobierno de Córdoba deje de lado los intereses económicos vinculados al cobro de multas y comience a tomarse en serio la seguridad vial. La vida de los ciudadanos debe ser la prioridad, no los ingresos que genera un sistema viciado.