El reciente caso que involucra a seis integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba ha revelado una crisis profunda en una institución que, irónicamente, fue creada para combatir el narcotráfico. Las detenciones, confirmadas por el fiscal Juan Pablo Klinger, destapan un entramado delictivo que involucra a quienes debían erradicar el narcotráfico, pero que, en cambio, lo utilizaban como «moneda de cambio» para obtener beneficios personales.

Del narcotráfico al tráfico de favores

La investigación que derivó en una docena de allanamientos en localidades del norte de Córdoba exponen una de las prácticas más peligrosas y corruptas en las fuerzas de seguridad: el uso de la droga confiscada para pagar a informantes y así obtener resultados favorables en los operativos. Esta dinámica, lejos de estar destinada a la lucha contra el narcotráfico, parece haber servido para consolidar una estructura de poder dentro de la FPA. La posibilidad de que agentes antinarcóticos estén involucrados en la sustracción y acopio de beneficio estupefacientes para su personal no solo es alarmante, sino que pone en tela de juicio todo el sistema de control y supervisión sobre estos cuerpos.

El fiscal Klinger no escatimó en acusación al señalar que los detenidos formaban parte de una «organización delictiva» que, aprovechándose de la infraestructura de la FPA, realizaba actividades ilícitas con el fin de mejorar su posición dentro de la fuerza. ¿Hasta qué punto podemos confiar en instituciones cuya corrupción parece tan intrínseca que ya no distinguen entre la lucha contra el delito y el delito mismo?

Nombres de pesos y lazos peligrosos

Entre los detenidos se encuentran figuras clave dentro de la delegación de la FPA en Cruz del Eje, como Néstor Márquez, jefe de la brigada, y varios agentes de la misma delegación: Sergio y Eduardo Ruiz, Luis Benavídez, Isidro Rivero y Raúl Moreno. de Deán Funes. Aunque aún no se han aclarado todas las conexiones, la detención de los hermanos Ruiz, quienes son familiares de la secretaría del fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, resulta inquietante. Aunque no se ha vinculado a la mujer en la causa, el simple hecho de que haya nexos familiares tan cercanos genera sospechas. ¿Hasta qué punto el poder judicial y las fuerzas de seguridad pueden asegurar la imparcialidad en un contexto de relaciones personales entre los implicados?

La autodenuncia de la FPA: ¿transparencia o una estrategia de control de daños?

El jefe de la FPA, Francisco Salcedo, trató de minimizar el impacto del escándalo, destacando que fue la propia fuerza la que presentó la denuncia que dio inicio a la investigación. Sin embargo, esta maniobra puede interpretarse más como un intento de control de daños que como un gesto auténtico de transparencia. La declaración de Salcedo, en la que asegura que «nos debemos a la sociedad», contrasta con la gravedad de las acusaciones que enfrentan sus subordinados. Si la FPA realmente se debe a la sociedad, ¿cómo es posible que durante tanto tiempo hayan operado agentes que utilizaban la droga confiscada como moneda de cambio?

El problema de fondo es que esta no es la primera vez que una fuerza de seguridad en Córdoba se ve envuelta en un escándalo de esta magnitud. La reiteración de estos casos apunta a una crisis estructural dentro de las fuerzas policiales y de seguridad de la provincia. La falta de control, supervisión y una cultura de impunidad permiten que las redes delictivas se desarrollen, incluso dentro de instituciones creadas para combatirlas.

El impacto institucional y la falta de confianza

Este caso golpea no solo a la FPA, sino a toda la estructura institucional de Córdoba, desde el poder judicial hasta las fuerzas de seguridad. La conexión familiar de los implicados con figuras del ámbito judicial pone en evidencia la fragilidad de la independencia entre los diferentes poderes del Estado. Si quienes deben impartir justicia y garantizar la seguridad están involucrados en redes de corrupción, ¿qué queda para la ciudadanía?

La detención de estos agentes no es solo un reflejo de la corrupción policial, sino de la profunda desconfianza que estas situaciones generan en la sociedad. Las fuerzas antinarcóticos, que deben ser un bastión en la lucha contra el crimen organizado, se han convertido en un símbolo del fracaso de las políticas de seguridad en Córdoba. Mientras no se realicen reformas profundas y se pongan en marcha mecanismos de control de efectivos, la sombra de la corrupción seguirá ensuciando a quienes deberían estar al servicio de la sociedad.

Este escándalo no debe limitarse a la detención de algunos agentes corruptos. Es un llamado de atención para replantear las políticas de seguridad y, sobre todo, para asegurar que las instituciones que juraron proteger a los ciudadanos no se convertirán en cómplices de los delitos que deben combatir. La transparencia no puede ser una palabra vacía ni una estrategia mediática; debe ser una realidad palpable y sostenida.