Me resulta imposible callar ante lo que estamos viviendo en Córdoba bajo la gestión de Martín Llaryora. Un gobernador que, lejos de ofrecer soluciones o propuestas claras, ha adoptado una estrategia que parece sacada de un manual de crisis política: esconder los números y silenciar cualquier oposición. En un contexto donde los problemas se acumulan y las respuestas son inexistentes, este “plan” no solo es insuficiente, es profundamente peligroso para el futuro de nuestra provincia.

No hay gestión, no hay ideas, y lo más alarmante, no hay voluntad de enfrentar las dificultades que día a día padecen los cordobeses. Los incendios arrasan con nuestros montes y no hay un plan serio para combatirlos. La pobreza se profundiza, con cada vez más personas cayendo en la marginalidad, mientras el gobierno mira hacia otro lado. La salud pública está en crisis, las escuelas están abandonadas, y la seguridad es un recuerdo lejano para muchos barrios de la provincia. ¿Y los jubilados? Desamparados. Aquellos que trabajaron toda su vida ahora se encuentran olvidados por un Estado que debería protegerlos.

Pero lo más preocupante de todo esto es el intento deliberado de silenciar a quienes tenemos el deber de controlar y cuestionar estos desastres. Llaryora ha optado por esconder los números de una provincia que está ahogada en deudas, endeudada en dólares por generaciones. Es irónico que quienes se jactaban de ser administradores prudentes ahora estén hipotecando el futuro de Córdoba. Las cifras reales de nuestra situación financiera están cuidadosamente ocultas, como si de esa manera podrían desaparecer los problemas. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz.

En la Legislatura, el escenario no es muy distinto. Después de haber perdido la mayoría en las últimas elecciones, Llaryora parece decidido a burlar el sistema democrático que nos rige. Sesiones de madrugada, cada 15 días, y con un reglamento modificado a medida para evitar que se presenten proyectos o se ejerza el control adecuado. Esto no es solo una frente a la oposición, es una burla a todos los cordobeses que nos eligieron para representarlos. El pueblo votó por un gobierno, sí, pero también eligió una oposición fuerte para garantizar que ese gobierno no se desvíe, que cumpla con su deber. Llaryora parece incapaz de aceptar ese mandato.

Se resiste al resultado electoral, negando la voluntad de una sociedad que está agotada de las mismas promesas vacías, de una gestión que lleva 25 años hundiéndonos más y más en la crisis. Llaryora no quiere ser controlado, no quiere ser criticado, y lo más alarmante, no está dispuesto a escuchar. Este no es un gobierno que busca soluciones, es uno que teme las preguntas y rechaza las respuestas.

Estamos en un momento crítico para Córdoba. No podemos permitir que se siga escondiendo la verdad. No podemos tolerar que se intente llamar a quienes queremos que se rinda cuentas, a quienes queremos aportar desde nuestras bancas para que la provincia no siga en esta espiral de decadencia.

Es urgente que el gobernador escuche, que deje de esconder los verdaderos actos de su gobierno y que, de una vez por todas, asuma la responsabilidad que le corresponde. Ya no hay más tiempo para maniobras políticas y silencios cómplices. Los cordobeses merecen transparencia, gestión y respuestas reales, no excusas ni números maquillados.