En medio de los incendios que azotan a Córdoba, el gobernador Martín Llaryora lanzó duras críticas a la oposición por, según él, “querer sacar rédito político” de la catástrofe. Durante su recorrido por Capilla del Monte y La Cumbre, Llaryora defendió el accionar de los bomberos, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y otros cuerpos de emergencia, pero su arremetida contra los dirigentes opositores, en un momento de crisis, abre la puerta a un debate mayor sobre la responsabilidad y la falta de autocrítica frente a una situación crítica para la provincia.

El profesionalismo en la mira, pero no la gestión

Llaryora pidió que las críticas de la oposición lo insulten a él, pero no pongan en duda el profesionalismo de los bomberos y demás cuerpos que combaten los incendios. Aunque es cierto que los bomberos de Córdoba cuentan con un merecido reconocimiento y prestigio, este tipo de declaraciones parecen desviar el foco de una cuestión central: la capacidad y preparación de la gestión provincial para enfrentar estas crisis ambientales recurrentes. En su intento por frenar las críticas, Llaryora hace que la discusión se centre en la labor de los bomberos, cuando lo que se está cuestionando es la respuesta de su administración ante el creciente riesgo y la magnitud de los incendios.

La narrativa de la oposición: ¿oportunismo o realidad?

Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de diputados nacionales por la UCR, fue tajante en su análisis: acusó a Llaryora de “no tomar conciencia de la gravedad de la situación”. El diputado enfatizó la necesidad de solicitar ayuda externa, argumentando que, con mayores recursos, el trabajo de los bomberos y brigadistas sería más efectivo y rápido.

Si bien el oficialismo acusa a la oposición de hacer política con la tragedia, las advertencias de De Loredo no parecen infundadas. Los incendios en Córdoba se han vuelto un fenómeno devastador y, en cada temporada, la falta de recursos y la insuficiencia en la respuesta quedan al descubierto. Las declaraciones de Llaryora sobre la suficiencia del equipamiento y el personal actual, que contrasta con la situación alarmante en varias localidades, evidencian una desconexión entre el relato oficial y la realidad.

Gestión versus bomberos: una defensa mal planteada

En su arenga, Llaryora mencionó que los cuerpos de emergencia de Córdoba son reconocidos a nivel nacional e internacional, y que forman a otros cuerpos. Sin embargo, es difícil no interpretar esta defensa como un escudo ante las críticas dirigidas, principalmente, a su administración y no a los bomberos. El hecho de que la provincia cuente con personal capacitado y profesional no exime a la gestión provincial de evaluar si los recursos y la planificación son suficientes para hacer frente a catástrofes de esta magnitud.

Por otro lado, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pidió no sembrar pánico, remarcando que “Córdoba está mejor preparada que cualquier otra provincia para enfrentar los incendios”. Sin embargo, esta afirmación choca con la realidad de un fuego que avanza descontroladamente, afectando viviendas, terrenos productivos y áreas protegidas.

El dilema de la ayuda nacional y provincial

Llaryora defendió la asistencia brindada por la administración nacional de Javier Milei, destacando el envío de aviones y helicópteros. No obstante, la urgencia en el terreno sugiere que la ayuda no es suficiente. La oposición, en este caso De Loredo, ha señalado que otras provincias como Santa Fe y Entre Ríos están en alerta, y podrían aportar más recursos si se solicita. Esto subraya una pregunta clave: ¿Por qué no recurrir a más ayuda externa si la situación lo demanda?

La negativa a solicitar más apoyo o a aceptar que el equipamiento actual no es suficiente refuerza la percepción de soberbia por parte del oficialismo. En un contexto en el que Córdoba se enfrenta año tras año a incendios devastadores, la planificación a largo plazo parece haber sido relegada en favor de una defensa inmediata y de baja autocrítica.

Una oportunidad perdida para la autocrítica

Los incendios en Córdoba, más allá de su devastación ambiental, han sacado a la luz la incapacidad de la dirigencia para dejar de lado las diferencias políticas en pos de soluciones concretas. Las declaraciones de Llaryora, lejos de responder a los reclamos de mayor asistencia y prevención, parecen más enfocadas en desviar la atención hacia un conflicto político que no suma en un contexto de emergencia. Las críticas de la oposición, más allá de cómo sean percibidas, exponen una realidad innegable: la crisis de los incendios requiere más que palabras. Requiere acciones coordinadas, recursos y una planificación seria que hasta ahora parece estar ausente.